CÁDIZ, 1 Ago. (EUROPA PRESS) -
Izquierda Unida ha anunciado que va a presentar en los ayuntamientos de toda la provincia gaditana y en la Diputación Provincial una moción tipo por la que se propondrá a los plenos de los municipios que se declaren "opuestos al TTIP" (Tratado Trasatlántico de Comercio e Inversiones) y a favor de "servicios públicos básicos para la solidaridad y redistribución social".
Según explica IU en una nota, su oposición al TTIP se fundamenta en las repercusiones que puede tener sobre los servicios públicos, al contemplar entre sus objetivos "la liberalización total de los mismos y su apertura a las conocidas como ETN" (grandes empresas transnacionales), así como "la mercantilización absoluta de nuestras vidas y el sometimiento total de la soberanía de los estados a los intereses de las grandes corporaciones, con acuerdos que se están negociando en secreto, casi nula transparencia y sin ningún control por parte de organismos públicos que representan a la ciudadanía".
En esta campaña de IU contra el tratado que se negocia en la Comisión Europea, el Ayuntamiento de Conil de la Frontera ha sido el primero en declarar al municipio como "opuesto al TTIP, defendiendo los servicios públicos básicos para la solidaridad y redistribución social".
En la moción aprobada, el Pleno de Conil ha solicitado además al Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas "su apoyo a mantener el carácter público de los llamados servicios socialmente útiles".
Asimismo, la moción tipo solicita del Ministerio de Economía "la supresión de las negociaciones del TTIP y otros acuerdos comerciales similares "como el CETA, Acuerdo de Libre Comercio entre Canadá y la UE y el TISA, acuerdo multilateral para la liberalización y privatización de todo tipo de servicios públicos".
El objetivo de esta solicitud al Ministerio no es otro que el de velar por que "no se pierdan competencias en materias de legislación social, protección al consumidor y medio ambiente, evitando la participación de las ETN en la regulación".
Igualmente, pretende que "el tratado no se limite a objetivos meramente económicos y se le dé la misma importancia y sean tratados de igual forma en el acuerdo los objetivos sociales y los ambientales".
Aboga también por terminar con "la actual falta de transparencia de las negociaciones, se haga pública toda la información y se abra un debate público en la UE y sus respectivos parlamentos nacionales, autonómicos y locales" y, finalmente, "que los servicios públicos y la propiedad intelectual sean excluidos del acuerdo".
