CÁDIZ, 4 Feb. (EUROPA PRESS) -
Ecologistas en Acción ha informado de que este miércoles se celebra una sesión de la Junta Rectora del Parque Natural de Los Alcornocales que abordará diversas iniciativas para garantizar la protección y el carácter público de la finca La Almoraima, que con sus 14.113 hectáreas --12.760 están incluidas en este parque natural--, es "la mayor finca de uno de los parques naturales más valiosos a escala europea, declarado, además, Reserva de la Biosfera por la Unesco y Zona de Especial Conservación por la Directiva Hábitat de la Unión Europea (UE)".
Según ha indicado Ecologistas en Acción en un comunicado, una de las propuestas a abordar es la que remitió recientemente dicho colectivo a la presidenta de la Junta de Andalucía, Susana Díaz, para que se declare la finca La Almoraima como monte de dominio público.
Esta declaración se recoge como competencia de la Junta de Andalucía en la Ley 2/1992 Forestal de Andalucía, y conllevaría el carácter "inalienable, imprescriptible e inembargable de la totalidad de la finca", y la consideración a efectos urbanísticos como suelo no urbanizable de especial protección.
Incide en que este acuerdo es "de la exclusiva competencia del Consejo de Gobierno de la Junta, al que se dirigirá esta propuesta si, como esperamos, es aprobada por la Junta Rectora, e implicaría la imposibilidad legal de que el Gobierno central proceda a su enajenación".
En la Junta Rectora se presentará también el proceso de elaboración del Plan de Ordenación de los Recursos Naturales (PORN) de este parque natural, con la propuesta de la Junta de Andalucía de ampliación de los límites del parque natural en unas 6.000 hectáreas, incluyendo la totalidad de La Almoraima y otras fincas --La Alcaidesa, Majarambú, Botafuegos, Pinar del Rey y Dehesa del Guadalquitón--, propuesta que el colectivo ecologista lleva "años defendiendo, y que ahora por fin parece que se concretará en medidas legales efectivas", enfatiza.
Ecologistas en Acción espera que la Junta Rectora dé su "total apoyo" a estas iniciativas, que unidas a la adoptada por el Ayuntamiento de Castellar de denegar el plan de actuación urbanística que pretendía desarrollar el Gobierno en esta finca --un complejo turístico-urbanístico de lujo con hoteles, urbanizaciones, campos de golf, aeródromo privado, instalaciones hípicas, entre otros-- "bloquearían definitivamente la privatización de esta finca y abriría los cauces legales para que la Junta reclamara la transferencia, ya que el Estatuto de Autonomía otorga competencias exclusivas a la Junta en materia de gestión de montes de dominio público".
