CÁDIZ, 4 Nov. (EUROPA PRESS) -
El portavoz del PP en el Ayuntamiento de Cádiz, Ignacio Romaní, ha afirmado que de la lectura del informe de la Fiscalía y del auto del Juzgado número uno sobre el 'caso Matadero' "se desprende que en este asunto hay mucho más que un simple sobreseimiento".
En un comunicado, Romaní ha indicado que el PP estudiará "en profundidad" el auto judicial para valorarlo en próximas fechas "desde el punto de vista político y jurídico".
Cabe recordar que el Juzgado de Instrucción número 1 de Cádiz ha emitido un auto por el que dicta el sobreseimiento provisional del conocido como 'caso Matadero', en el que dos ediles del anterior gobierno del PP --del área de Familia y Asuntos Sociales-- estaban supuestamente implicadas en una supuesta irregularidad en la adjudicación de viviendas protegidas.
En el auto, al que ha tenido acceso Europa Press, el Juzgado estima que "cabe concluir que no existen indicios alguno del que pueda derivarse la comisión de ilícito penal alguno en el proceso de adjudicación de las viviendas de la promoción Matadero".
Asimismo, añade que "el proceso se siguió en base a criterio técnicos en cuyo establecimiento intervino Asuntos Sociales y no consta que se produjera presión alguna sobre las distintas UTS (Unidad de Trabajo Social) para obtener un determinado resultado, ni que estas fueran forzadas para modificar la propuesta que finalmente es elevada".
"Tampoco consta una injerencia ilegítima en el funcionamiento de Asuntos Sociales, como tampoco hay constancia de la existencia de un interés personal en el resultado de la adjudicación", señala el auto, así como que la adjudicación "finalmente fue concluida respetando las valoraciones e informes remitidos por los trabajadores de las distintas UTS".
El 'caso Matadero' se inicia tras la adjudicación de viviendas en 2013 y una posterior denuncia puesta por el PSOE y la Junta de Personal del Ayuntamiento de Cádiz. Por su parte, la Fiscalía dio traslado al Juzgado tras apreciar "indicios de prevaricación", mientras que el equipo de gobierno del PP se mantuvo que "todas y cada una de familias" a las que se adjudicaron estos inmuebles "cumplían los criterios exigidos por la legislación".
