CÁDIZ, 4 Abr. (EUROPA PRESS) -
La Diputación de Cádiz, a través de su Servicio de Asistencia a Entidades Locales (SAEL), ha elaborado un plan estratégico en el que se recogen los principales objetivos y actuaciones encaminadas a reforzar el respaldo asistencial jurídico y económico que la administración provincial presta a los municipios con menos recursos.
El denominado Plan Estratégico del Servicio de Asistencia a Entidades Locales 2023-2024 es el resultado de un pormenorizado análisis de la situación de las necesidades de los municipios y entidades locales autónomas, con el fin de trazar las líneas de actuación que se aplicarán en función de la situación específica de cada una de ellas, ha explicado la Institución Provincial en una nota.
Se trata de poblaciones con menos de 20.000 habitantes, con prioridad dentro de éstas de las que tienen menos de 5.000, aunque también será posible incluir como sujetos de las medidas establecidas a otros municipios que, a criterio del SAEL, se consideren que están "en una situación de desequilibrio económico, presupuestario o jurídico y requieren de la asistencia de la Diputación".
El vicepresidente cuarto de la Diputación y responsable del Área de Cooperación y Asistencia a Municipios, Javier Pizarro, y el equipo redactor, ha mantenido un encuentro de trabajo en el transcurso de una visita a las nuevas dependencias del SAEL en la capital gaditana, que ya reúne las distintas unidades incluidas en este servicio y que antes estaban dispersas en distintas oficinas.
El Plan Estratégico del Servicio de Asistencia a Entidades Locales 2023-2024 se ha elaborado de acuerdo a las especificaciones marcadas en el Reglamento Regulador del SAEL, aprobado en el Pleno Provincial en diciembre de 2020 y publicado en el Boletín Oficial de la Provincia (BOP) el 10 de febrero de 2021.
Contiene una parte programática en la que constan los principios inspiradores de la actuación, los objetivos, la definición de las estrategias fundamentales y los medios necesarios para alcanzar los retos fijados, así como un cronograma respecto al cumplimiento de los objetivos y los mecanismos de evaluación.
"Lo que se pretende es mejorar la eficacia y la eficiencia de la asistencia jurídica y económica que la Diputación presta a los municipios con menos recursos", ha explicado el diputado, quien ha asegurado que se ha elaborado un diagnóstico en el que se ha recabado información relativa a las necesidades que existen en cada municipio, algo que ha permitido tener "un conocimiento global de la situación" y establecer "prioridades de actuación", para que las entidades locales puedan cumplir sus competencias en el marco de sus propios intereses a partir del respaldo asistencial que reciben de la Diputación.
El documento estratégico fija sus principales objetivos en función del servicio de asistencia a entidades locales que se presta en dos ámbitos bien diferenciados. Uno, en materia jurídica, donde destaca un departamento en materia de Recursos Humanos y Formación, y otro en materia económica y presupuestaria, en el que destaca un departamento de contabilidad.
Cada uno de estos objetivos se materializa en una serie de actuaciones. Así, en materia jurídica se han establecido siete objetivos y un total de 15 medidas que se desarrollarán a lo largo de estos dos años.
En concreto, la intención es racionalizar y simplificar la contratación administrativa, crear una bolsa de interinidad del personal de la escala técnica, revisar la reglamentación local y adecuarla a los principios de buena regulación, elaborar modelos de expedientes administrativos de aprobación y modificación de reglamentos locales así como el seguimiento de su tramitación y elaborar y actualizar, según cada caso, inventarios municipales de bienes y derechos, entre otros.
Los objetivos relativos a las materias económica y presupuestaria se han dividido, a su vez, en tres grandes bloques, donde se encuentran medidas como cumplir los plazos marcados en la aprobación de presupuestos, liquidación, cuenta general y remisión de información a través de la aplicación de la Oficina Virtual, establecer procedimientos normalizados de control presupuestario y utilizar aplicaciones para la gestión integral de procedimientos normalizados de racionalización en la tramitación de expedientes con incidencia en materia presupuestaria.
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