CÓRDOBA, 8 Feb. (EUROPA PRESS) -
El presidente de la Asociación Comité Andaluz de Agricultura Ecológica (CAAE), Francisco Casero, y la secretaria general de Medio Rural y Producción Ecológica de la Junta de Andalucía, María Isabel Salinas, acompañados del delegado de Agricultura de la Junta en Córdoba, Francisco Zurera, han presentado este miércoles la 'Norma de Responsabilidad Social' que ha desarrollado CAAE para empresas ecológicas.
Se trata, según han explicado durante la presentación, de unos estándares propios establecidos por dicha asociación, que ofrecen a las empresas con certificación ecológica la posibilidad de contar con un distintivo que acredite el cumplimiento de estos requisitos sociales, económicos y ambientales.
Con el desarrollo de estas normas, CAAE pretende que las organizaciones que se encuentran certificadas en producción ecológica alcancen la excelencia, conociendo y considerando su entorno social y ambiental, actuando "de manera ética y transparente, asumiendo su rol de motores del desarrollo sostenible en sus lugares de implantación y aprovechando la ventaja competitiva basada en el compromiso con la sociedad y el medio ambiente". Así, las normas complementan el valor ecológico con valores y principios adicionales en los ámbitos social, económico y ambiental, ha informado desde la asociación en un comunicado.
La norma desarrollada por CAAE, con la financiación de la Consejería de Empleo de la Junta de Andalucía, se ha estructurado en cinco bloques de requisitos: sociales, ambientales, de gestión y desempeño económico, de calidad y generales de responsabilidad social. Las empresas que apuesten por esta certificación contarán con un distintivo que acreditará el cumplimiento de estas normas.
Las empresas que opten por esta certificación encontrarán, además, beneficios en distintos ámbitos, relacionados con su propia gestión empresarial, medioambiental y social. Así, medioambientalmente, la aplicación de esta norma reduce gastos energéticos asociados a la eliminación de residuos o descontaminación, optimiza el consumo de recursos y detecta los principales riesgos ambientales asociados a la actividad de la empresa.
En este sentido, la implantación de esta norma contempla, entre otros requisitos, la atención especial al impacto medioambiental de las actividades desarrolladas por la empresa, como el consumo energético y de recursos hídricos o el calculo de la huella de carbono y la generación de residuos.
La norma también estipula explícitamente que las empresas adheridas, a través de su labor de producción ecológica, participarán y fomentarán el desarrollo del entorno local donde se ubican sus centros productivos. Asimismo, se incluye la relación laboral entre empresa y trabajadores, en referencia a medidas de conciliación laboral y familiar, igualdad de oportunidades y no discriminación, y otras disposiciones complementarias a las leyes vigentes en materia de derechos humanos, sociales y laborales.
En definitiva, a través de la implantación de estas medidas se pretende propiciar una gestión más transparente para todas las partes interesadas y un reconocimiento social para la empresa, que se traduce en una visión positiva de la marca asociada a ella y a sus actividades y productos.
