JAÉN 7 Jun. (EUROPA PRESS) -

El grupo parlamentario de IULV-CA ha solicitado la comparecencia del Consejo de Gobierno en la comisión correspondiente con el fin de que "informe y aclare todo lo relacionado con el futuro industrial de Santana de Linares (Jaén), el de los trabajadores, las previsiones del año 2011 y sobre el cumplimiento del 'acuerdo de garantías' suscrito con los sindicatos el día 6 marzo de 2008".

En un escrito dirigido a la presidenta del Parlamento de Andalucía, Fuensanta Coves, y al que tuvo acceso Europa Press, IULV-CA expone que esta empresa, "de propiedad y gestión de la Junta de Andalucía", atraviesa unas circunstancias "especialmente llenas de incertidumbres" y recuerda que en 2009 los trabajadores sufrieron un expediente de regulación de empleo de 35 semanas y este año otro de 39 semanas.

"Hasta finales de mayo solo se han trabajado cuatro semanas y las previsiones son que se continúe con una semana de trabajo mensual hasta noviembre, fecha en que se debe producir la entrega de los 426 Iveco Massif que se están fabricando a Rumanía", alega.

Sobre el resto de las empresas del parque de proveedores, este grupo parlamentario incide en que "fruto de las privatizaciones que en su momento se produjeron, al depender fundamentalmente de Santana están aun peor" y relata el caso de Matresur que cerró el pasado año o el de Arpa, Fasur y Diteccsa, afectadas por expedientes de regulación de empleo "mayores aun que Santana". Otras empresas de las que se consideraron del plan de diversificación, añaden, como CAF o Aemsa "están bajo mínimos con reducción de plantilla y afectadas" también por expedientes de regulación de empleo.

El grupo parlamentario de IULV-CA añade que "todas las informaciones que circulan por la empresa es que la opción de compra de Iveco sobre la compañía linarense que hay firmada entre la Junta de Andalucía y el grupo italiano y que cumple en el último trimestre de este año no se va a ejecutar". "Esta es una situación de mucha incertidumbre porque no hay previsiones de producción, ni de proyecto industrial después de la finalización de los EREs que afectan a unos 800 trabajadores de Santana Militar y las empresas del parque de proveedores", manifiesta.

A su juicio, toda esta situación "obliga al necesario debate en sede parlamentaria" y, en consecuencia, solicita esa comparecencia del Consejo de Gobierno.