La Junta "discrepa" de la ley estatal sobre Patrimonio Inmaterial y busca un acuerdo que evite ir al TC

Publicado 27/09/2015 10:50:14CET

SEVILLA, 27 Sep. (EUROPA PRESS) -

La Junta de Andalucía ha expresado "discrepancias" sobre varios artículos y disposiciones de la Ley para la salvaguarda del Patrimonio Cultural Inmaterial aprobada por el Ejecutivo central el pasado mes de mayo y ha acordado con el Gobierno de la Nación designar un grupo de trabajo que proponga una solución.

La creación de este grupo de trabajo constituye un paso previo a la presentación de un recurso ante el Tribunal Constitucional (TC) en el caso de que ambas administraciones no alcancen un acuerdo sobre los apartados de la norma en los que mantienen "discrepancias" en materia de distribución competencial.

En concreto, Junta y Gobierno decidieron poner en marcha un grupo de trabajo sobre esta norma el pasado 28 de julio en la Subcomisión de Seguimiento Normativo, Prevención y Solución de Controversias de la Comisión Bilateral de Cooperación Administración General del Estado-Comunidad Autónoma de Andalucía, según un acuerdo suscrito por el ministro de Hacienda y Administraciones Públicas, Cristóbal Montoro, y el vicepresidente de la Junta y consejero de la Presidencia, Manuel Jiménez Barrios.

En dicho acuerdo, consultado por Europa Press, los representantes de Gobierno y Junta en la citada Subcomisión acuerdan "iniciar negociaciones para resolver las discrepancias manifestadas" en relación con los artículos 1, 2, 3j, 4, 5.2, 9, 10, 11, 12, 13.2 y 14.6 y las disposiciones finales primera, tercera, quinta y séptima de la Ley 10/2015 para la salvaguarda del Patrimonio Cultural Inmaterial.

Estos artículos de la norma estatal regulan aspectos relativos a las competencias de la Administración General del Estado sobre los bienes que se declaren Patrimonio Cultural Inmaterial y las garantías para su disfrute público, además de introducir modificaciones en la Ley de Patrimonio Histórico Español.

Ante las "discrepancias" expresadas por la Junta sobre la regulación estatal, ambas administraciones han decidido "designar un grupo de trabajo para proponer a la Subcomisión de Seguimiento Normativo, Prevención y Solución de Controversias la solución que proceda", así como comunicar este acuerdo al Tribunal Constitucional (TC) "a los efectos previstos en el artículo 33.2 de la Ley Orgánica del Tribunal Constitucional (LOTC)".

Este artículo de la LOTC amplía de tres a nueve meses el plazo que tiene el Gobierno de la Nación para presentar recurso de inconstitucionalidad contra leyes o disposiciones autonómicas si se produce un acuerdo en la Comisión Bilateral sobre "iniciación de negociaciones para resolver las discrepancias pudiendo instar, en su caso, la modificación del texto normativo".