HUELVA, 23 Mar. (EUROPA PRESS) -
La Asociación Multicultural de Mazagón ha indicado que "diversos colectivos, organizaciones y sindicatos" van a acompañar este viernes a las personas migrantes del asentamiento de Las Madres de Moguer (Huelva) a presentar su solicitud de empadronamiento en la Mancomunidad de Mazagón. De esa forma, según ha señalado en una nota, "se da continuidad a la acción realizada en febrero cuando diversas entidades organizaron un punto de información para el empadronamiento en el mismo asentamiento".
Esta acción, convocada por Alianza por la Solidaridad, Asociación Multicultural de Mazagón y Asociación Pro Derechos Humanos de Andalucía (APDHA), pretende "restablecer el derecho al empadronamiento negado sistemáticamente por las corporaciones locales de las zonas freseras".
Estas acciones vienen precedidas de un trabajo por parte de esta organización, iniciado en 2020, que incluye una investigación sobre los empadronamientos en los asentamientos de chabolas, la formación de mujeres migrantes a través de talleres de información y un documental que trata la misma temática. "Y todo ello con el objeto de dar a conocer entre la población migrante, altamente vulnerable, los derechos que les asisten", ha subrayado.
Esta campaña se esta llevando a cabo tanto en Almería como en Huelva "donde las personas migrantes y en concreto las mujeres se enfrentan a muchas dificultades para acceder al empadronamiento, ya que los ayuntamientos les niega el ejercicio de este derecho", ha apuntado la organización.
Asimismo, ha explicado que "en mayo del año pasado, seis personas migrantes presentaron sus solicitudes de empadronamientos en el Ayuntamiento de Lucena del Puerto. Un mes después cinco personas presentaron su solicitud en la Mancomunidad de Mazagón y, hasta la fecha, el Ayuntamiento de Lucena ha contestado con un escrito donde afirman que esas personas no están inscritas en el censo de la localidad".
En cuanto a Moguer, ha señalado que "de las cinco solicitudes, solo una ha sido aprobada" por lo que la Asociación Multicultural de Mazagón "presentó, hace unos días, una demanda en el Juzgado contra el consistorio por tres casos resueltos de forma negativa".
La asociación ha apuntado que para que estos trabajadores migrantes pudieran presentar su solicitud con registro de entrada, diversas organizaciones de la sociedad civil las acompañaron a la puerta de los consistorios "y, así, asegurar un registro que los ayuntamientos niegan de forma sistemática".
"Todo este tipo de acciones están respaldadas por Asnuci, Asociación de Malienses de Mazagón, Ecologistas en Acción, Hermandad de Acción Católica Obrera (HOAC), La Carpa, La Mar de Onuba, Mujeres 24 Horas, Secretariado de Migraciones y Sindicato Unitario", han subrayado.
En este punto, la organización ha recordado que en el capítulo III artículo 3.3 de la actualización del 30 de enero de 2015 del Real Decreto 1690/1986 se establece que "en el Padrón debe reflejar el domicilio donde realmente vive cada vecino del municipio y de la misma manera que la inscripción padronal es completamente independiente de las controversias jurídico-privadas sobre la titularidad de la vivienda, lo es también de las circunstancias físicas, higiénico-sanitarias o de otra índole que afecten al domicilio".
"En consecuencia, las infraviviendas (chabolas, caravanas, cuevas etc. e incluso ausencia total de techo pueden y deben figurar como domicilios válidos en el Padrón", ha aseverado, antes de añadir que, "por tanto, y como marca la ley, el empadronamiento es un derecho y un deber de todas los ciudadanos que viven en los municipios del estado español, sean o no de nacionalidad española".
"PUEDEN CAER EN MANOS DE MAFIAS"
En este punto, han indicado que el empadronamiento "ofrece, por una parte el acceso a servicios básicos como educación y sanidad" y, por otra, "representa el primer documento que necesitan las personas migrantes para conseguir el certificado de arraigo y el permiso de trabajo y residencia", toda vez que ha manifestado que "la negativa de los ayuntamientos, incluso a recoger la solicitud lleva a las personas migrantes a caer en manos de las mafias para empadronarse en domicilios ficticios pagando por ello una cantidad que oscila entre los 300 y 1.500 euros según cuentan las trabajadoras migrantes".
Finalmente, han añadido que, hasta la fecha, entre los municipios de Moguer, Lucena del Puerto y Palos de la Frontera, "donde malviven cientos de personas migrantes en chabolas, solo hay dos personas empadronadas en sus infraviviendas con la ayuda de las asociaciones", por lo que consideran que "la violación de este derecho es una clara discriminación y un ejercicio de violencia y racismo institucional por parte de las administraciones locales que lo practican".
En este sentido, se ha referido a la comparecencia de Toni Valero (IU) este pasado miércoles ante la Comsión de Peticiones de la Unión Europea para "criticas, entre otras violaciones, la actitud de los ayuntamientos de negar el derecho al empadronamiento a las personas migrantes que viven en los asentamientos de chabolas de la provincia de Almería y Huelva".
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