HUELVA, 1 Oct. (EUROPA PRESS) -
La Asociación Ecologista Ojo con el Guadiana -Ecologistas en Acción de Ayamonte (Huelva) ha presentado alegaciones a la modificación puntual número 20 del PGOU de Ayamonte, relativa al ámbito urbanizable ordenado SUO-APD y la zona 9 del suelo urbano del núcleo de Isla Canela.
Según ha informado la organización en una nota, consideran que "no hay constancia" de la aprobación definitiva de ningún Plan General de Ordenación Urbana de Ayamonte sino "más bien al contrario, se encuentran expuestos al público en la Casa Grande los planos del futuro PGOU de Ayamonte".
Por ello, estiman que "no tiene sentido" ninguno proceder a la aprobación de modificaciones puntuales de un planeamiento "no aprobado y susceptible de proporcionar conclusiones y obligaciones urbanísticas sustancialmente diferentes y opuestas a las aprobaciones iniciales de PGOU realizadas en los tiempos centrales de la especulación inmobiliaria".
Además, recuerdan que tras el estallido de la burbuja inmobiliaria, "cabe suponer que cambiarán los criterios y el modelo urbanístico para dar respuesta a una situación de crisis social, ambiental y económica que se ha originado como consecuencia del anterior modelo y que no tiene parangón en los últimos años".
En segundo lugar, alegan que la Ley de Costas estaba en vigor y era "conocida" cuando se inició el anterior periodo de urbanización de Isla Canela por parte de Iscasa-Pryconsa, lo que "no fue óbice para proyectar continuos planeamientos que bordeaban el cumplimiento de dicha ley o la incumplían directamente".
Destacan que ejemplo de ello son "las presiones ejercidas para conseguir que los deslindes del DPMT se realizasen ganando el máximo de terreno al espacio público o construyendo sobre dunas y zonas inundables".
A juicio de la organización, "Iscasa procuró restar el máximo de terreno al dominio público y se encontró para ello cómplices inmejorables en el Ayuntamiento de Ayamonte". "No cabe por tanto alegar pérdidas en las adaptaciones del planeamiento al cumplimiento de la Ley de Costas para conseguir compensaciones en alturas y volumetría de edificaciones", añaden.
En esta misma línea, señalan "la persistencia de la complicidad del Ayuntamiento, cuya obligación es ser garante del interés público y por tanto del patrimonio público", promoviendo mediante convenios "urbanísticos cambios de planeamiento solo entendibles para el beneficio lucrativo de una empresa privada que ha encontrado en Isla Canela una incomparable fuente de dinero".
Asimismo, consideran que resulta "evidente" tras la lectura de la memoria, que Iscasa "había construido para uso residencial en suelo destinado a residencial turístico y que ahora se pretende enmendar esta actuación ilegal cambiando el planeamiento para adaptarlo a los hechos consumados". Ante esto, solicitan que se diagnostique el alcance de "la actividades irregulares y se ponga en conocimiento de las autoridades urbanísticas para que de lugar a las correspondientes actuaciones sancionadoras".
Por otra parte, dado que parte de anteriores modificaciones de planeamiento están siendo objeto de investigación judicial, "afectando incluso a los firmantes de los informes jurídicos en que se basa la actual propuesta, no parece oportuno volver a incurrir en nuevas actuaciones de dudosa legalidad".
