HUELVA, 4 Oct. (EUROPA PRESS) -
La Fiscalía mantiene la petición de seis años de cárcel por un delito de apropiación indebida agravada y un año por otro de falsedad en documento mercantil para un directivo de una entidad bancaria, al que acusa de apropiarse de más de 321.000 euros de los 585.000 euros que una pareja de jubilados de Almonte ingresó en una cuenta procedentes de los ahorros de 20 años de trabajo en Alemania.
Durante el juicio, que ha quedado visto para sentencia, según han informado a Europa Press fuentes judiciales, el Ministerio Fiscal mantiene sus penas incluida la petición a este hombre y a la entidad bancaria, como responsable civil subsidiario, del pago de 321.000 euros, estando esta cantidad ya depositada como fianza.
Por su parte, la acusación, que ha pedido nueve años de cárcel por estos hechos y la citada indemnización, ha sostenido durante el juicio que "se le ha perdido la pista a estos 321.000 euros de los 585.000 que ingresaron, teniendo en cuenta que la entidad ha justificado que unos 130.000 euros, por un lado, y 40.0000 por otro se perdieron por la adquisión de unas acciones que bajaron su valor, y por un reintegro de 90.000 euros que no se ha podido justificar".
En su escrito de acusación, el fiscal considera que el acusado, con ánimo de lograr un beneficio económico ilícito y aprovechándose de su puesto de trabajo y de su relación de amistad con las víctimas --analfabetas, de edad avanzada y sin experiencias financieras--, les convenció para que realizaran un depósito en la entidad bancaria con el dinero que tenían guardado en su domicilio, indicándoles que "podrían disponer del mismo cuando quisieran y que les generarían muchos intereses".
Por ello, los jubilados ingresaron en octubre de 2009 un importe de 500.000 euros y en noviembre del mismo año de 85.000 y, según ha especificado el fiscal, en la libreta de ahorro aparecían unas fechas de vencimiento hasta 2013 por lo que no podrían disponer de las citadas cantidades hasta las mismas.
En concreto, los perjudicados dispusieron de las dos primeras imposiciones, con un total de 325.000 euros, de las que liquidaron intereses correspondientes, pero en septiembre de 2011 cuando una de las víctimas quiso sacar el resto fue informado de que no podía por no haber vencido las mismas, sin que haya podido disponer del dinero.
Por su parte, el acusado, que era directivo de un sucursal de la entidad en Almonte, según el fiscal, con los fondos depositados y no recuperados por los perjudicados, sin su conocimiento ni consentimiento, adquirió dos paquetes de acciones para luego hacerse con cantidades de dinero procedentes de dichas operaciones, y realizó por otro lado retiradas de dinero en efectivo de las cuentas corrientes y firmando como si fuera una de las víctimas.
