HUELVA, 30 Abr. (EUROPA PRESS) -
El Juzgado de Instrucción de la Palma del Condado (Huelva) ha ordenado el ingreso en prisión provisional de un hombre de 40 años de edad y nacionalidad española detenido previamente en Sevilla por la Guardia Civil por supuestos delitos continuados de estafa, apropiación indebida y falsedad documental que habría cometido en la venta de inmuebles del municipio onubense de Almonte y su aldea de El Rocío.
Según ha informado este sábado la Benemérita en una nota, las investigaciones comenzaron en diciembre del 2015, cuando agentes de la Guardia Civil detectaron "irregularidades" en la compra y venta de diversos inmuebles en la localidad de Almonte y en la aldea de El Rocío a través de diferentes denuncias interpuestas por varios ciudadanos.
En el transcurso del operativo se comprobó que "una persona se hacía pasar por gestor de una empresa inmobiliaria, la cual ya no se encontraba activa, ofertando varios inmuebles a un precio muy inferior al precio de mercado actual". Los interesados, cuando decidían adquirir la vivienda o el terreno, debían pagar una cantidad en metálico en concepto de señal para reserva el inmueble, llegando a alcanzar en algunos casos los 20.000 euros, según añade el Instituto Armado.
Una vez realizado el pago de la señal, se firmaba el contrato de compra-venta, atribuyéndose el supuesto autor la potestad para proceder a la venta del bien, manifestando representar al propietario en esos trámites; siendo "totalmente ajenos los verdaderos titulares de los bienes inmuebles ofertados".
El presunto autor de estos hechos, con antecedentes por otros similares, fue detenido en la provincia de Sevilla y trasladado a la localidad de Almonte para su posterior puesta a disposición judicial en el Juzgado de Instrucción de la Palma del Condado, desde donde el pasado jueves ha ingresado en prisión.
Hasta el momento, la Guardia Civil ha tenido conocimiento de que han resultado afectadas siete personas por este caso y de que el valor total de la cantidad defraudada asciende a unos 85.000 euros, al tiempo que no descarta la existencia de más personas perjudicadas.
