HUELVA, 11 Jun. (EUROPA PRESS) -
La consejera de Igualdad, Políticas Sociales y Conciliación, Rocío Ruiz, ha explicado este jueves que es necesario que se lleve a cabo "un cambio en la normativa" puesto que en la actualidad resulta "incompatible" poder acceder al Ingreso Mínimo Vital y a la Renta Mínima de Inserción de Andalucía.
Así lo ha puesto de manifiesto a preguntas de los periodistas Ruiz, quien ha criticado que se haga "una interpretación malintencionada" de esta cuestión, toda vez que ha explicado que el Ingreso Mínimo Vital lo gestiona la Seguridad Social, incidiendo en que están a favor de esta prestación.
No obstante, ha aclarado que, debido a un decreto del gobierno socialista de Susana Díaz de 2017, no es compatible que las personas puedan acceder a ambas ayudas, por lo que se trata de un "obstáculo que vamos a superar". De este modo, ha subrayado que la renta mínima se va a seguir tramitando a partir del 15 de junio, cuando entra en vigor el ingreso mínimo vital.
En este punto, ha hecho hincapié en la necesidad de ese cambio normativo, del cual se avisó al ministro de Inclusión y Seguridad Social, José Luis Escrivá. Por ello, la consejera ha lamentado que "no se haya contado con las comunidades autónomas" al objeto de que no se diera esta incompatibilidad.
En esta misma línea, Ruiz ha subrayado que "la igualdad es el principio que estar en cualquier prestación", por lo que ha recordado que Navarra y País Vasco cuentan con la posibilidad de gestionar el Ingreso Mínimo Vital, aspecto que no es posible para el resto de comunidades autónomas.
Igualmente, la consejera ha llamado la atención sobre la necesidad de reforzar los servicios sociales comunitarios, los cuales están "colapsados" ante la situación generada por el Covid-19.
Ruiz ha remarcado que hay que modificar el mencionado decreto ley para hacer compatibles ambas prestaciones, al tiempo que ha recordado el afán de su departamento por atender a los andaluces más vulnerables.
De otro lado, ha criticado la decisión del Gobierno central de eliminar los mil millones para gasto social que se habían previsto en el Fondo Extraordinario para las Comunidades Autónomas que considera "injusta".
"Las administraciones tenemos que estar a la altura de la situación que estamos viviendo y dar respuestas ágiles y efectivas a la ciudadanía. Pedimos al Gobierno, por tanto, que rectifique y que no deje abandonadas a las comunidades con este cambio de criterio que, además, ha realizado sin previo aviso y cuando ya se había anunciado", ha concluido.
