La Fiscalía mantiene la acusación para los 18 agentes y el ciudadano chino
MÁLAGA, 9 Feb. (EUROPA PRESS) -
La Fiscalía y las defensas de los guardias civiles del aeropuerto de Málaga, acusados de obtener dinero de pasajeros a cambio de dejarles pasar ciertas mercancías, tienen previsto exponer a partir de este lunes sus informes finales del juicio que se sigue con jurado desde hace semanas. Tras esto, previsiblemente el martes, se elaborará el objeto del veredicto que se entregará a los miembros del jurado para que deliberen.
En el trámite de conclusiones finales, que tuvo lugar el pasado viernes, la fiscal mantuvo la acusación contra los 17 agentes y el ciudadano chino que han sido juzgados en esta causa, según han informado fuentes del caso.
En su calificación definitiva, a la que ha tenido acceso Europa Press, el ministerio público concreta más la acusación para cuatro agentes y elimina la alternativa del delito de omisión del deber de perseguir delitos, al considerar que estaban "de acuerdo" con su compañero.
Así, se sigue acusando a los agentes de un delito de cohecho, en seis casos con carácter continuado, solicitando suspensión para empleo o cargo público por tres o tres años y nueve meses, además de multa, respectivamente. Durante varios días, se han visionado en el juicio las grabaciones de una cámara de seguridad del aeropuerto y de otra instalada para la investigación en una oficina de aduanas.
La investigación del caso comenzó cuando la Unidad Central Operativa de la Dirección General de la Guardia Civil supo, a finales de 2005, que algunos de los componentes del cuerpo, destinados en la sección fiscal del aeropuerto, supuestamente pedían a los viajeros dinero para no retenerles ciertas pertenencias que portaran en sus equipajes, según el escrito del fiscal.
En esta línea, el ministerio público señala que los investigadores tuvieron conocimiento de que, incluso por parte de la comunidad china afincada en la Costa del Sol, se advertía a sus familiares de que cuando viajaran a Málaga trajeran en la mano un billete de 50 euros para evitar problemas. En noviembre de 2005, un familiar de un pasajero denunció los hechos.
Tras esto, se pidió autorización judicial para desviar la señal de una cámara, ubicada en una cinta de la terminal, e instalar otra en una oficina de la aduana, donde presuntamente se pedía y entregaba el dinero. En el escrito del fiscal, se detallan varios hechos entre el 20 de enero y el 8 de febrero de 2006, momentos en los que supuestamente los agentes obtuvieron dinero.
Según esta acusación, presuntamente, los agentes obtuvieron dinero u objetos a cambio de dejar pasar alimentos para los que no había una prohibición expresa por ley o, por contra, comida que no podía ser importada, así como ropa, dinero o, incluso, un ordenador, para lo que hacían pasar a los viajeros a una oficina donde hablaban con ellos, según las imágenes grabadas.
Todos los acusados negaron los hechos y sólo algunos se reconocieron en las grabaciones de las cámaras, aunque alegaron que el dinero que supuestamente estaban manejando en esas imágenes era de una peña de quinielas y no de sobornos a viajeros. Además, las defensas han cuestionado la validez de esas imágenes y del resto de las pruebas.
