MÁLAGA, 23 Jun. (EUROPA PRESS) -
El Pleno de la Diputación de Málaga ha aprobado este miércoles una moción institucional para solicitar al Gobierno central y la Junta de Andalucía una moratoria urgente sobre la instalación de megaparques fotovoltaicos en municipios de la provincia ante la "avalancha" de proyectos actuales y que afectarán al territorio debido a que se están presentando de manera individual y sin ordenación.
La moción pide a Junta de Andalucía y Gobierno central que de forma inmediata establezcan esa moratoria en los municipios que lo soliciten para analizar todos los parques en su conjunto --y no uno por uno como se está haciendo-- y planificar qué zonas son las óptimas para ubicar dichas instalaciones.
Actualmente, la Junta de Andalucía, según se detalla en la moción consultada por Europa Press, tiene más de 650 solicitudes de parques solares fotovoltaicos en tramitación o pendientes de iniciarla; algo que "pone en riesgo una transición energética justa y ecológica" ya que, en vez de priorizar las pequeñas instalaciones e inversiones locales, "se está fomentando una burbuja de grandes extensiones solares".
Así, se indica que el desarrollo a gran escala de las renovables puede suponer "una pérdida de biodiversidad irreversible con consecuencias impredecibles". En este sentido, advierte la moción aprobada por unanimidad, grandes empresas y grupos de inversión plantean a la Junta de Andalucía proyectos "troceados para escapar de los controles del Ministerio y pasar a tener solo el filtro de la Comunidad Autónoma".
Tal y como se ha dicho en los últimos días, los proyectos con capacidad para generar más de 50 MW deben ser autorizados por el Ministerio, "pero es habitual que proyectos enormes se troceen para burlar el control estatal y es la Junta quien tiene las competencias".
En este sentido, el Gobierno andaluz está evaluando los proyectos uno por uno, un hecho que "impide observar el impacto acumulativo de todo este despliegue", a lo que se suma, según la moción, el decreto-ley de la Junta para agilizar trámites y que permite prescindir de autorizaciones recogidas en la Ley del Sector Eléctrico y declarar de interés estratégico alguno de los proyectos de huertos solares.
Por todo ello, se ha aprobado solicitar esa moratoria y que la Diputación ponga en marcha una mesa de trabajo con los ayuntamientos, la Junta de Andalucía y el Gobierno estatal para buscar "soluciones rápidas que eviten la implantación sin control y masiva de parques que están ya en trámite". También, que se apueste por una implantación ordenada y eficiente, "respetuosa con los recursos naturales, el medio ambiente y los valores paisajísticos" además de consensuada con los municipios implicados.
Igualmente, se ha aprobado solicitar a la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP) un pleno, asamblea o reunión al respecto para pedir al Ejecutivo central que tenga en cuenta al municipalismo, estudiando esa moratoria "para ordenar la avalancha descontrolada de proyectos que amenaza con destruir el paisaje de buena parte de España".
En la moción institucional, consultada por Europa Press, se insta al Ministerio para la Transición Ecológica a que desarrolle, en el plazo de tres meses, la normativa de desarrollo sobre la materia de la Ley 7/2021 de Cambio Climático y Transición Energética.
TRIBUNA DE ALCALDES
Sobre este asunto, dos alcaldes malagueños, Francisco Martínez, de Álora; y Francisco Santos, de Coín, han intervenido en la Tribuna de Alcaldes y han incidido en la necesidad de que estos también denominados huertos solares se paralicen para evitar males mayores.
Martínez, al igual que el presidente de la Diputación de Málaga, Francisco Salado, ha asegurado que no están en contra de las energías renovables pero sí que estas instalaciones se ubiquen de forma controlada.
El regidor perote ha señalado que la Junta de Andalucía tiene sobre la mesa 109 proyectos de megaparques fotovoltaicos, planteados por empresas "a las que no les importa lo más mínimo el territorio donde se implanta".
Ha trasladado que alcaldes y alcaldesas exigen esa moratoria para analizar todos los parques en su conjunto y a ver cuáles son las mejores zonas, limitar tamaños o replantear ubicaciones. En definitiva, "una planificación consensuada y razonada, que tenga en cuenta a los habitantes, sus formas de vida, terrenos fértiles, valor cultural, paisajístico, turístico...".
Esta moratoria es "especialmente urgente" en la Sierra de las Nieves, el Valle del Guadalhorce y en la zona de Almogía por su avanzado estado. "Os necesitamos a todos para que juntos los ayuntamientos digamos no a que destruyan nuestra provincia", ha enfatizado Martínez.
Estos parques proyectados, ha añadido, "van en dirección opuesta a la política turística y medioambiental que la Diputación lleva a cabo", de hecho ha puesto como ejemplo que uno de estos megaparques discurre paralelo al Corredor Verde previsto por la institución provincial y que "destruye más de 80 hectáreas de olivar en plena producción, por lo que habría que tener en cuenta la cantidad de perdidas", además, ha recordado, cuando se está trabajando para que el paisaje de olivar sea declarado Patrimonio de la Unesco.
Igual, ha dicho, con la Sierra de las Nieves, que este miércoles es declarada en el Senado Parque Nacional: "Una magnífica noticia; imaginaos un mar de placas y de líneas de evacuación rodeando este parque".
En ambos espacios --Guadalhorce y Sierra de las Nieves-- se prevén cuatro plantas fotovoltaicas que ocuparían 750 hectáreas, equivalente a 1.125 campos de fútbol, con una avanzada tramitación que cambiará el paisaje "y la forma de vida de manera irreparable", puntualiza la moción.
"SI NO PARALIZAN ESTE ATAQUE FRONTAL, ESTAREMOS ENFRENTE"
Por todo ello, el alcalde de Álora ha advertido que si el Gobierno central y la Junta de Andalucía "no paralizan este ataque frontal, los alcaldes y vecinos estaremos enfrente para defender la conservación de la naturaleza, de la agricultura, de la forma de vida de nuestros vecinos". "No estamos en contra de las energías limpias pero que se haga de forma ordenada y consensuada", ha finalizado.
En los mismos términos se ha pronunciado el alcalde de Coín, quien ha lamentado que la falta de regulación de los PGOU no permite a los ayuntamientos hacer nada y el hecho de que las autorizaciones sean unificadas, "sin tener en cuenta el impacto acumulativo de las mismas".
"Existe una burbuja energética", ha opinado. Además, en la moción se precisa que la propuesta de planificación de la red eléctrica 2021/2026 resalta que las expectativas de los promotores de nueva generación, "que se reflejan en el volumen de solicitudes de acceso superan en más de tres veces la nueva potencia a instalar a 2026 en la eólica y en más de 13 en el caso de la fotovoltaica".
Salado, que envió cartas a la vicepresidenta del Gobierno y ministra e Transición Ecológica, Teresa Ribera; al consejero de Hacienda de la Junta, Juan Bravo; y al presidente de la FEMP, Abel Caballero, advirtiendo del riesgo, ha respaldado la petición de los municipios.
Ha ofrecido a los ayuntamientos plena disposición por parte de la Diputación "para diseñar juntos un plan en el que se especifiquen qué suelos son más ideales". "Es la única forma --ha defendido-- de permitir el desarrollo de este tipo de energía pero sin que se vean afectados otros sectores de gran importancia para la economía, como el turismo y la industria agroalimentaria".
Precisamente, en cuanto al turismo, ha recordado que es la principal industria de Málaga; de hecho, el segmento de interior "debe ser tenido en cuenta en este asunto, ya que anualmente tiene una capacidad de atracción de un millón de visitantes, lo que supera la suma del turismo de interior de las provincias de Almería, Granada, Huelva y Sevilla".
