MÁLAGA, 13 Feb. (EUROPA PRESS) -
Un jurado popular tiene previsto juzgar desde este lunes a una empleada del Ayuntamiento de Marbella (Málaga) por quedarse con unos 25.400 euros que solicitó como anticipo. La Fiscalía malagueña la acusa por un delito de malversación y solicita una condena a dos años de cárcel y ocho de inhabilitación.
Según las conclusiones iniciales del fiscal, a las que ha tenido acceso Europa Press, la mujer desempeñaba su trabajo como personal laboral en el puesto de auxiliar de administración general en el área de nóminas del Consistorio, con lo que tenía acceso a la aplicación informática de bases de datos de gestión de las nóminas.
Entre enero de 2016 y 2019, la mujer solicitó a la Alcaldía anticipos sobre sus nóminas, los cuales se les fueron concediendo con la obligación de devolverlos en los meses siguientes mediante el descuento en sus futuras nóminas de las cantidades recibidas por adelantado, señala la acusación pública.
Pero, supuestamente, la mujer, "para obtener un provecho económico, fue disponiendo del importe de los anticipos concedidos sin devolverlos", señala el ministerio fiscal, que concreta en su escrito al menos diez decretos concediendo esos adelantos, sin que presuntamente llegara a devolverlos al completo.
Para ello, presuntamente "impedía a través de dicha aplicación informática que se realizara automáticamente el descuento de las cantidades recibidas por anticipado del importe de sus nóminas, cobrando el importe al completo de estas, además de los anticipos", especifica el escrito inicial.
Así, según la Fiscalía, al conocer la acusada que en enero de 2019 que estos hechos habían sido detectados por los responsables municipales, en enero de 2019 devolvió al Ayuntamiento la cantidad de 25.475, suma de las cantidades recibidas como anticipo que supuestamente "había hecho suyas desde 2016".
Para el fiscal, se trata de un delito continuado de malversación por el que pide que la acusada sea condenada a una pena de dos años de prisión e inhabilitación especial para cargo o empleo público por ocho años. El juicio está previsto que comience este lunes por parte de un tribunal popular.
