MÁLAGA, 3 Abr. (EUROPA PRESS) -
Letrados de la Administración de Justicia (LAJ) han protagonizado durante algo más de dos meses una huelga indefinida en la provincia de Málaga, como en el resto de España, para reivindicar mejoras laborales; unos paros que finalizaron la pasada semana tras un acuerdo a nivel nacional con el Gobierno, que, aunque no es del todo satisfactorio, han aceptado en un "ejercicio de responsabilidad".
Así lo han asegurado en declaraciones a Europa Press la delegada por Málaga del Colegio Nacional de Letrados de la Administración de Justicia, Lourdes Vallecillo; y el representante en Málaga de la Unión Progresista de LAJ, José María Casasola, quienes se han mostrado de acuerdo en este sentido.
Aunque los LAJ consideran que la solución a la que se ha llegado está "alejada" de los acuerdos que el pasado abril de 2022 alcanzó el Ministerio de Justicia "para pretendidamente zanjar las movilizaciones parciales" de este colectivo, las bases decidieron aceptar el acuerdo a pesar de las "renuncias" que suponía.
Vallecillo ha señalado que la situación "se estaba volviendo inasumible", por lo que decidieron aceptar el acuerdo planteado; y ha indicado que ya se está trabajando en "poner los juzgados al día poco a poco". Al respecto, ha precisado que en Málaga se habrían suspendido unos 6.000 juicios y vistas, junto a otras 3.200 actuaciones judiciales, y se habrían inmovilizado unos siete millones de euros.
Así, ha considerado que la recuperación de la normalidad dependerá de cada órgano, pero en cualquier caso serán "varios meses". En declaraciones a Europa Press, ha estimado que los juzgados de Primera Instancia podrían ser "los más afectados", ya que, ha apuntado, en la jurisdicción penal ha habido "más actuaciones urgentes y servicios mínimos".
Por su parte, el representante en Málaga de la Unión Progresista de Letrados de la Administración de Justicia, José María Casasola, ha subrayado también ese "ejercicio de responsabilidad", ya que, "no queríamos seguir parando la Administración de Justicia durante dos meses o más" ni "bloquear la sociedad malagueña por más tiempo".
En declaraciones a Europa Press ha señalado que el acuerdo propuesto se ha aceptado "porque la alternativa equivalía a hacer pasar un quinario a los malagueños, en especial a los ciudadanos y profesionales, para alcanzar una mayor prontitud en el cobro de las cantidades comprometidas o un mínimo incremento".
En cuanto a la normalización, también ha señalado que dependerá de cada órgano judicial, ya que, algunos partían de "una situación previa de colapso, es decir, no generada por la huelga pero sí agravada por esta", precisando que, por ejemplo, en el juzgado de lo Mercantil en el que él ejerce "antes de verano estará normalizado".
Según ha dicho, Justicia "no ha sabido solucionar el problema, sino que ha tenido que tomar las riendas de la negociación la Dirección General de Fundación Pública, dependiente de Hacienda, y ha ofrecido una salida que si bien en la cuestión meramente económica podría ser aceptable, en la conceptual, no nos lo parece, pero hemos preferido no bloquear más tiempo a la sociedad malagueña".
Asimismo, Casasola ha agradecido a funcionarios de los cuerpos generales y a profesionales de la Justicia, tanto fiscales como abogados, procuradores o graduados sociales, que "nos han apoyado a título personal".
