MARBELLA (MÁLAGA), 29 Mar. (EUROPA PRESS) -
Los grupos municipales de PP, PSOE, OSP e IU del Ayuntamiento de Marbella (Málaga) han aprobado en el pleno de marzo, que la Corporación ha celebrado este viernes, emprender acciones judiciales y administrativas contra la resolución en la que la Tesorería General de la Seguridad Social (TGSS) deja sin efecto un acuerdo firmado en 2012 para que el Consistorio pague la deuda originada durante los gobiernos del GIL en un plazo de 40 años y al 1 por ciento de interés. El grupo municipal de Costa del Sol Sí Puede (CSSP) se ha abstenido.
La TGSS reclama también los cerca de 15 millones de euros que ha ingresado el Ayuntamiento procedentes de casos judiciales por corrupción con sentencia firme --12 aportados por la Audiencia Provincial de Málaga procedentes de la responsabilidad civil a la que fue condenado el exasesor de Urbanismo Juan Antonio Roca; y 2,3 entregados por la Audiencia Nacional por los casos 'Saqueo I y II'-- y todas las cuantías con el mismo origen que reciba el Consistorio en el futuro.
El objetivo del equipo de gobierno era emplear esos fondos en la construcción de una residencia pública de mayores y una Escuela de Danza en el núcleo urbano de San Pedro y habilitar nuevas dependencias para la Escuela Oficial de Idiomas.
La alcaldesa, Ángeles Muñoz, que ha defendido la propuesta, ha acusado al Gobierno central de actuar "con una deslealtad impropia de una administración" y ha asegurado que "llegaremos hasta donde tengamos que llegar para que Marbella pueda seguir recibiendo los bienes y derechos económicos que legítimamente le corresponden".
Muñoz ha asegurado que el Consistorio "conmigo de alcaldesa, defenderá como lo ha hecho siempre los intereses que legítimamente le corresponden a Marbella". "El dinero que se pueda recuperar de todo ese saqueo se tiene que quedar en la ciudad y ninguna administración, por hostilidad o por atropello, se lo tiene que arrebatar", ha agregado.
La oposición ha asegurado que la TGSS reclama los fondos debido a que la alcaldesa recibió un cheque con los 12 millones de euros de la Audiencia Provincial antes de que entraran en vigor los Presupuestos Generales del Estado de 2018, que contemplaban una disposición final que permitía al Ayuntamiento destinar a servicios públicos municipales los bienes y derechos de procedimientos judiciales por corrupción con sentencia firme.
"Muñoz se precipitó al recoger el cheque al buscar la promoción personal y no mirando por el interés general de los vecinos. Si se hubiera esperado a la aprobación de los presupuestos, solo unos días después, no se hubiera producido tal reclamación", ha señalado el portavoz socialista, José Bernal.
Para el concejal de IU, Miguel Díaz, Muñoz recibió el cheque para "hacerse una fotografía con un marco de cartón que se ha caído". "La alcaldesa actuó con falta de diligencia ante una actuación de justicia tan importante para Marbella", ha agregado.
Según la edil de CSSP, Victoria Mendiola, la probabilidad de que la Justicia dé la razón al Ayuntamiento es "prácticamente nula" y ha lamentado que Muñoz quiera que el Consistorio emprenda acciones judiciales "para anotarse un tanto electoralista y tapar su pésima gestión".
La TGSS alega en la notificación que remitió al Ayuntamiento para comunicarle que deja sin efecto el fraccionamiento del pago de la deuda que la entrega de los 12 millones se produjo "con anterioridad a la entrada en vigor de la reforma normativa producida por la Ley de Presupuestos Generales del Estado de 2018". Los gobiernos de GIL dejaron una deuda de unos 500 millones de euros, de los que 280 se debían a la Seguridad Social y con Hacienda.
PLAZAS EN LIMPIEZA
PP, PSOE y OSP han aprobado, con la abstención de IU y la oposición de CSSP, la creación de 283 plazas de distintas categorías vinculadas al área de Limpieza y Residuos Sólidos Urbanos "para dar respuesta a las necesidades del municipio y seguir con los niveles más que óptimos de servicio público", ha indicado el concejal del Personal, Baldomero León.
"Así damos cumplimiento a sentencias que obligan a la creación de esos puestos y, por otra, damos estabilidad a contratos fijos-discontinuos que se venían haciendo de forma sistemática. Estas plazas están dotadas presupuestariamente y su creación gozan de los informes favorables", ha agregado.
En otro orden de cosas, se ha aprobado instar al Ministerio de Fomento a que legalice la situación del edificio que albergará la futura sede del Palacio de Justicia ya que, según ha explicado la concejala de Ordenación del Territorio, María Francisca Caracuel, se ve afectado por la línea de edificación de la autovía A-7.
Además, se ha dado luz verde a una solicitud para que el Ministerio de Educación y Cultura ceda dos torres vigías para que el Ayuntamiento asuma su conservación y otra para ceder a la Junta de Andalucía una parcela en la zona norte del municipio para la construcción de un centro de salud.
