Conejo recuerda que el PP se comprometió a solicitar al juzgado la sentencia en la que se condena al alcalde de Benamocarra
MÁLAGA, 15 Jun. (EUROPA PRESS) -
El grupo socialista en la Diputación de Málaga preguntará al PP en el pleno de este martes si el ente supramunicipal ha iniciado ya el proceso de destitución del diputado provincial de Servicios Intermunicipales, presidente del Consorcio Provincial de Bomberos (CPB) y alcalde de Benamocarra, Abdeslam Lucena, condenado a seis meses de prisión y un año de suspensión por los delitos de injurias, calumnias, desobediencia y malversación.
Así, el portavoz socialista, Francisco Conejo, ha recordado este domingo en un comunicado, que el equipo de gobierno del PP se comprometió en el pasado pleno celebrado en el mes de mayo a solicitar testimonio de la sentencia por la que ha sido condenado Lucena.
"Que la institución tenga conocimiento de la sentencia es clave para iniciar los trámites legales que proceden en este caso; es decir, los informes jurídicos para garantizar el cumplimiento de la ley electoral, declarar la incompatibilidad e inelegibilidad del diputado y proceder a que abandone todos sus cargos", ha expuesto Conejo, que ha aclarado que su grupo quiere saber, concretamente, la fecha y el número de registro de salida de la solicitud realizada por la Diputación para conocer esta sentencia.
En este sentido, Conejo ha subrayado que el grupo socialista quiere que el presidente de la Diputación, Elías Bendodo, "cumpla con el compromiso que adquirió en el pasado pleno y se agilice al máximo los trámites", para que la secretaria general de la institución provincial pueda realizar los informes jurídicos correspondientes.
"La cuenta atrás para Lucena ya ha comenzado", ha sostenido Conejo, agregando que "dilatar lo inevitable no tiene sentido". "Hay que cumplir la ley: Bendodo no puede mantener a este condenado ni un minuto más", ha insistido.
El portavoz socialista ha recordado que el caso Lucena cumple lo previsto en la Ley Orgánica del Régimen Electoral General (LOREG), que establece que se incurre en incompatibilidad e inelegibilidad por haber sido condenado por delitos tipificados contra la administración pública (como es la malversación) con una pena de suspensión de cargo y empleo. En estos supuestos, ha indicado Conejo, "la ley determina la obligatoriedad legal de abandonar los cargos, aunque la sentencia no sea aún firme".
"Espero que el presidente de la Diputación sea el primer interesado en que la institución que preside cumpla la ley", ha concluido Conejo.
