COÍN (MÁLAGA), 13 Mar. (EUROPA PRESS) -
El Juzgado de Instrucción número 1 de Coín (Málaga) ha admitido a trámite una querella presentada contra el alcalde de dicha localidad, Gabriel Clavijo (PSOE), por un presunto delito de prevaricación administrativa por la paralización de las obras que las empresas querellantes tenían previsto ejecutar en una zona conocida como 'Los Llanos de la Sierra', según el auto al que tuvo acceso Europa Press.
Las empresas Frai y Comarex, así como Caja Rural de Granada, adquirieron estos terrenos en el año 2004 a otra entidad mercantil y, según se desprende de la querella presentada por éstas, ya contaban con las aprobaciones tanto del plan parcial como del proyecto de urbanización. Se pretendía construir dos campos de golf, una promoción de viviendas y un hotel.
De hecho, en el escrito, al que tuvo acceso Europa Press, se precisa que una resolución de la Alcaldía con fecha de 19 de agosto de 2002 aprobó definitivamente dicho proyecto de urbanización de la zona, mientras que el plan parcial había recibido el visto bueno del pleno en agosto de 2001.
Asimismo, según la querella, la Comisión Provincial de Ordenación del Territorio y Urbanismo de Málaga había aprobado en julio de 2001 definitivamente el Programa de Actuación Urbanística de la zona 'Los Llanos de la Sierra' y en una resolución de la Delegación Provincial de Medio Ambiente de marzo de 2001, se emitió Declaración de Impacto Ambiental favorable a la actuación.
Se señala también que la ejecución de las obras de urbanización quedaron garantizadas con "la afección real de cada parcela de sus costes, como efecto de la aprobación de inscripción del proyecto de compensación y, además, mediante la prestación del aval bancario de 153.258,09 euros", admitido por el Ayuntamiento "sin formular ningún tipo de reserva y sin que conste su devolución".
No obstante, los querellantes sostienen que el Ayuntamiento prohibió en varios decretos, el primero de ellos de junio de 2005, iniciar las obras. Las empresas presentaron recursos y un juzgado contencioso-administrativo de Málaga dictó en marzo de 2008 una sentencia en la que consideraba "nulo" uno de esos decretos del alcalde.
Según se indica en la querella, la resolución del juzgado contencioso señalaba que el decreto "no se ajusta a derecho, siendo un mero pretexto para impedir que los recurrentes ejerzan los derechos que la propia Administración les autoriza con la aprobación del proyecto de urbanización". Esta sentencia fue recurrida y aún está pendiente de resolución.
Posteriormente, las promotoras presentaron en enero pasado una querella por prevaricación contra el alcalde por impedir estas obras, que fue admitida a trámite. De hecho, el próximo martes, 17 de marzo, están citados a declarar el secretario municipal, el abogado urbanístico y el arquitecto municipal de Coín, como testigos.
En este punto, fuentes del caso lamentaron que esta paralización ha impedido, hasta el momento, que las promotoras "desarrollen una inversión estimada en 200 millones de euros que generarían 3.000 puestos de trabajo". Además, insistieron en que "el proyecto cuenta con todos los permisos legales requeridos, tanto del propio Ayuntamiento, como de la Junta de Andalucía".
