22 de febrero de 2020
 

Absuelven al exalcalde de La Rambla (PSOE) de supuesta prevaricación al tramitar un contrato

Publicado 21/01/2014 18:38:34CET
El exalcalde de La Rambla Manuel Fernández
EUROPA PRESS

El juez considera que "solo se hacen advertencias y reparos, de carácter equívoco y contradictorio" en el expediente con "irregularidades"

CÓRDOBA, 21 Ene. (EUROPA PRESS) -

El Juzgado de lo Penal número 2 de Córdoba ha absuelto al exalcalde de La Rambla y actual portavoz municipal del PSOE, Manuel Fernández Campos, de la supuesta comisión del delito de prevaricación del que estaba acusado en relación a un contrato que supuestamente no se ajustó al ordenamiento jurídico, para la Unidad de Estancia Diurna en el edificio de la Aduana del citado municipio cordobés, hechos por los que la Fiscalía pedía una pena de ocho años y seis meses de inhabilitación.

Según recoge la sentencia, a la que ha tenido acceso Europa Press, "los hechos no se estiman legalmente constitutivos de delito" y aunque señala que "existen omisiones de cierta entidad en el procedimiento, estas irregularidades no afectan solo a los acuerdos, sino a la general tramitación del expediente que no corresponde de forma directa" al exregidor, al que "solo se hacen advertencias y reparos, de carácter equívoco y contradictorio" en dicho expediente.

Al respecto, el juez considera que el expediente está "plagado de irregularidades que solo se tratan de soslayar para salvaguardar una subvención, que resulta revocada por un funcionamiento precario de la administración municipal", al tiempo que apunta que "el destino que se iba a dar a las cantidades estaba relacionado con las necesidades del municipio o de la generalidad de los vecinos, y no con el interés particular del acusado".

Además, subraya que no se deduce que las resoluciones dictadas constituyan "una flagrante y grosera ilegalidad", sino "simplemente ilegalidades que tienen su control en la vía administrativa", a lo que añade que para el delito de prevaricación "no es suficiente la mera ilegalidad".

En concreto, la resolución, contra la que cabe recurso de apelación, declara probado que el Ayuntamiento solicitó una subvención a la Consejería de Igualdad y Bienestar Social de la Junta el 12 de enero de 2010, con el fin de "equipar con el mobiliario ergonómico adecuado la Unidad de Estancia Diurna del edificio de la Aduana".

Posteriormente, el 15 de julio de ese mismo año, Fernández Campos aceptó el importe propuesto por la Junta, que ascendía a 28.159 euros, "con el compromiso de justificar los gastos realizados", al tiempo que recibió la cantidad en el Ayuntamiento el 22 de diciembre de 2010.

No obstante, "el proyecto carecía de algunas deficiencias y surgieron problemas para ponerlo en marcha", por lo que la gestión de los elementos necesarios para la Unidad de Estancia Diurna quedó "paralizada", y añade que en el expediente "no se realizó prevención alguna sobre la necesidad de procedimiento concreto de adjudicación, ni consta expediente alguno de preparación, gestión o aprobación del contrato".

En esta "tesitura y siendo precisa la justificación de realización de la actividad y no habiéndose realizado gestión alguna", según el juez, el entonces regidor emitió dos decretos para aprobar el suministro a favor de una empresa y el gasto correspondiente conforme a la partida presupuestaria, "pese a existir reparos a tal aprobación por la interventora del Ayuntamiento".

Del gasto aprobado solo se abonó una factura, aprobada el 30 de diciembre de 2010, "sin reparo alguno", por valor de 9.882 euros, correspondiente a suministros efectuados. Aunque, no se abonó lo demás y el importe total de la subvención fue devuelto, "pues la misma fue anulada al no justificarse la realización de actividad, sin que conste perjuicio alguno para el Ayuntamiento, pues existió acuerdo de compensación con la Junta".

LA DECLARACIÓN DEL EXALCALDE

Durante el juicio, el exalcalde manifestó ante el juez del Juzgado de lo Penal número 2 de Córdoba que no le advirtieron "de nada" ni la secretaria ni la interventora municipal, en cuanto a la actuación o reparos en informes durante la tramitación de dicho contrato para la Unidad de Estancia Diurna, en el edificio de la Aduana.

Fernández comentó que tuvo conocimiento del informe sobre reparos a raíz de su imputación en este caso, al tiempo que justificó el hecho de que estuviera su firma en que él leyó "la parte resolutiva" y agrega que la interventora no le advirtió de reparos.

En este sentido, lamentó que se fiara de la interventora cuando firmó, horas antes de abandonar la Alcaldía tras perder las elecciones municipales de 2011, a lo que añade que "lo más fácil era no firmar el decreto", porque, "ya no era nada" ni tenía interés alguno en este caso dado que ya abandonaba el cargo, ha defendido, para destacar que siguió con el procedimiento en todo momento "de buena fe", sin que le advirtieran, remarcó el exregidor.

De este modo, aseguró que no tenía conocimiento de que él estuviera cometiendo alguna irregularidad, puesto que "la interventora no comentó nada", reiteró, y precisó que varios meses después es cuando le informan de que había "un follón" y en reuniones posteriores le cuestionan "qué es lo que ha trincado" con el referido contrato, al tiempo que ha indicado que el actual alcalde, Juan Jiménez (IU), le "amenazó".