LA GUARDIA (JAÉN), 24 Oct. (EUROPA PRESS) -
El alcalde de La Guardia (Jaén), Juan Morillo (PP), ha justificado este viernes que las dietas cobradas por él mismo o por concejales de su grupo político están consignadas "en la memoria de los presupuestos del Ayuntamiento", por lo que se muestra "tranquilo" ante la denuncia interpuesta por Urbanizaciones Unidas de La Guardia (UUG) por un posible delito de malversación de caudales públicos que tanto él como los ediles 'populares' podrían haber cometido entre los años 2007 y 2013 por el cobro de dietas.
El fiscal jefe de Jaén, Carlos Rueda, ha dado ya traslado de esta denuncia al Juzgado Decano para que se incoen diligencias previas al objeto de investigar estos hechos, para lo cual ha interesado además que se citen a declarar como imputados al alcalde y los cinco ediles del Grupo Popular --Rosario Alcántara, Isabel Contreras, José Luis García, Ángel Jesús Morillo y Josefa Martínez-- por "estar percibiendo dietas y gastos de locomoción desde 2007 de forma irregular (...), habiendo percibido desde 2007 a 2013 la cantidad total de 80.574,86 euros".
Sin embargo, el alcalde ha defendido, en declaraciones a Europa Press, que "en la memoria de los presupuestos del Ayuntamiento" están recogidas dietas de "40 euros por desplazamientos", y ha lamentado que al portavoz de UUG, Luis Salazar, "sólo lo vea en los juzgados" y "no presenta ninguna iniciativa" en el Consistorio.
Cabe señalar que en el decreto en el que acuerda remitir al Juzgado Decano esta denuncia, el fiscal jefe constata que el gobierno local justifica que son las "bases de ejecución del presupuesto" las que "determinan el qué, cómo, cuándo y ante quién han de justificarse los gastos por dietas y kilometraje que se hayan producido en el Ayuntamiento de La Guardia".
Dichas "bases de ejecución" recogen entre los años 2007 y 2013 que "la media dieta será de 42,07 euros", si bien no contemplan "regulación alguna respecto de los requisitos que han de acreditarse para el percibo de las dietas", según señala el decreto de la Fiscalía, que concluye que "de la documentación aportada aparece indiciariamente acreditado que el alcalde de La Guardia y los concejales del Grupo Popular han venido reclamando y percibiendo indebidamente del Ayuntamiento y con cargo a sus presupuestos durante los años 2007 a 2013, determinadas cantidades de dinero en concepto de media dieta sin que hubiera derecho a ello al no justificarse en ningún caso que las gestiones por ellos realizadas cumplieran con los requisitos exigidos por el artículo 12 del RD 462/2002 para su percepción".
PAGOS POR ASISTIR A LOS PLENOS
Por otro lado, el alcalde de La Guardia también ha justificado este viernes la decisión adoptada por el Pleno en diciembre de 2012 con los votos a favor del PP de fijar en un euro la asignación a recibir por asistencia a las sesiones de los órganos colegiados por parte de los concejales que "no tienen dedicación exclusiva ni parcial".
Dicho acuerdo también ha sido denunciado ante la Fiscalía por el portavoz de UUG --grupo político que votó en contra del acuerdo en el Pleno--, y el Ministerio Público también ha dado traslado de la misma al Juzgado Decano para que se investigue si estos hechos "pudieran ser constitutivos de un delito de prevaricación administrativa", ya que la finalidad de dicho acuerdo plenario "no es otra que la de no fijar asignación económica a los concejales de la oposición que carecen de dedicación exclusiva ni parcial, pues la cantidad de un euro fijada es sin lugar a dudas una cantidad inadecuada, que incumple de manera palmaria el artículo 7.2 de la Carta Europea de Autonomía Local, que establece el derecho a una compensación financiera adecuada".
Morillo ha defendido que esa medida se adoptó "en solidaridad con los funcionarios", a quienes el Gobierno central había suprimido ese año 2012 las pagas extraordinarias, lo que además de rebajar de 50 a un euro la asignación por asistir a los Plenos, motivó también que el Ayuntamiento decidiera "suprimir las cantidades que le corresponden por ley a los distintos grupos políticos" con representación en el Consistorio, a pesar de que "quien perdía más era el PP", por ser el que cuenta con más ediles y, por tanto, cobraba más en ese concepto.
El alcalde ha explicado igualmente que ya este año se ha decidido restituir las asignaciones a los grupos políticos y el pago de dietas de 50 euros por asistir a los Plenos, algo que se materializará "con carácter retroactivo desde el 1 de enero" de este año 2014.
Además, ha avanzado que, si los Presupuestos Generales del Estado (PGE) de 2015 dan luz verde finalmente a la devolución del 25 por ciento de la paga extra de los funcionarios no abonada en 2012, el Ayuntamiento también pagará el correspondiente 25 por ciento de las asistencias a Plenos y de las asignaciones a los grupos políticos no cobradas en el año 2013.
Morillo ha concluido criticando la "insolidaridad con los funcionarios" del portavoz de UUG, por denunciar dicho acuerdo, "simplemente por no cobrar 50 euros por ir a los Plenos", según ha lamentado.
Pese a la posición del alcalde, el fiscal sostiene en su decreto que la cantidad de un euro "no se justifica con una política de recortes ni de austeridad en el gasto público, en tanto que no hay otra partida económica que haya sufrido tan drástica reducción", por todo lo cual considera que el acuerdo de Pleno de diciembre de 2012 "ocasiona un resultado materialmente injusto a los concejales de la oposición" y "se toma con la única finalidad de hacer valer su voluntad plasmada en el anterior Pleno de julio de 2012, pese a que era conocida la ilegalidad del mismo, y por lo tanto se toma a sabiendas de su injusticia".
Así, las cosas, el fiscal jefe ha resuelto remitir la denuncia de UUG al Juzgado Decano para que "se incoen las correspondientes diligencias previas penales para la investigación de los hechos por si los mismos fueran constitutivos de un delito de prevaricación administrativa", para lo que interesa que se cite a declarar como imputados al alcalde y los cinco concejales del PP antes mencionados, y como testigos al denunciante y a la portavoz del Grupo Socialista en el Consistorio.
