JAÉN, 12 Feb. (EUROPA PRESS) -
El presidente del PP-A y candidato a la Presidencia de la Junta de Andalucía, Javier Arenas, confió en que con el decreto de los campos de golf, que precisamente hoy aprueba el Consejo de Gobierno de la Junta, "termine con la arbitrariedad que se ha producido en relación al favoritismo con los alcaldes del PSOE en las propuestas de planes de ordenación urbanística de cara al futuro".
A preguntas de los periodistas en Jaén, Arenas consideró igualmente que en todo el asunto de los campos de golf "se ha mareado la perdiz" e hizo hincapié en que a lo largo de la legislatura ha habido "permanentes contradicciones entre los miembros del Consejo de Gobierno de la Junta".
Además, el presidente de los populares andaluces analizó que "todo el entramado burocrático que se organiza en torno a la autorización de campos de golf perjudicará su construcción en Andalucía", una situación ante la que él defendió "un turismo de calidad" en Andalucía.
Para Arenas, ese turismo de calidad "pasa sin duda ninguna por el golf, por un golf siempre conservado en base a agua depurada". "Se ha hecho mucha demagogia en esa cuestión y se han perdido muchísimos empleos en los últimos años con retrasos permanentes", zanjó.
Por su parte y según la Oficina del Portavoz del Gobierno, el principal objetivo del citado decreto será "impulsar el desarrollo de estas infraestructuras deportivas bajo un criterio de sostenibilidad y crear un segmento turístico de excelencia".
El retraso acumulado con el decreto regulador de los campos de golf, que la Junta se comprometió a aprobar a mediados de legislatura, ha sido uno de los motivos que llevó a Los Verdes a romper el pacto de gobierno con el PSOE andaluz el pasado mes de noviembre.
Tal y como se recoge en el borrador que aprobó el pasado 28 de enero el Consejo Andaluz de Turismo, el decreto contempla la creación de la nueva figura de campos de interés turístico y de una comisión técnica encargada de evaluar la obtención de esa certificación de campo de interés turístico, así como de determinar, en casos excepcionales, si habrá viviendas residenciales o no en dichas instalaciones.
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