SEVILLA, 29 Mar. (EUROPA PRESS) -
Las organizaciones agrarias Asaja y UPA han respaldado este martes ante los diferentes grupos políticos en el Parlamento andaluz las proposiciones de ley que actualmente se tramitan para convertir terrenos forestales en suelos agrícolas regables en municipios al norte de la Corona Forestal de Doñana. En sendas comparecencias, han apuntado que quieren "una herramienta que aporte seguridad jurídica a los agricultores", con independencia, han asegurado, "del color político de quien la proponga".
Por parte de Asaja en la provincia de Huelva Félix Sanz, y por UPA su secretario general en Andalucía, Cristóbal Cano, han expuesto cómo ven ambas asociaciones las proposiciones de ley, que a su juicio buscan "reparar una injusticia cometida" con el anterior plan sobre estos terrenos, elaborado en 2014.
Aquel plan un plan "ha perjudicado le economía y reputación en la zona", ha dicho Sanz, que ha enfatizado que muchos agricultores que quedaron fuera de las tierras reconocidas para regadío "dejaron de tener derecho a cultivar" y pasaron "a cargar con la identificación de ilegales".
Según las estimaciones de Asaja, las proposiciones en tramitación podrían afectar a unas 800 hectáreas, con un "objetivo claro": "la regulación del territorio". En este punto, Sanz ha destacado que dicha zona "está fuera de Doñana, y ninguna hectárea está dentro del parque. En muchos casos están a varios kilómetros".
"Nos corresponde analizar el contenido (de las proposiciones de ley) y siempre hemos sido claros, estamos queriendo dar una herramienta que aporte seguridad jurídica a los agricultores", ha sostenido, antes de agregar que les parece "igual de bien independientemente del color político de quien la proponga".
Sanz ha destacado durante su intervención la "campaña de confusión y desprestigio de los agricultores, que están siendo rehenes y víctimas" desde que arrancó el debate sobre las propuestas en torno a Doñana, presentadas por los grupos PP, Cs y VOX. En especial ha comentado que se ha generado "una tergiversación brutal" por parte de grupos ecologistas, a los que ha señalado. "El lobby ecologista hace el trabajo sucio a quienes tienen la responsabilidad del agua en el entorno de Doñana", ha considerado, apuntando directamente a WWF.
Tras su intervención, ha sido interpelado por el diputado del PSOE Mario Jiménez, quien ha reivindicado el papel de las organizaciones ecologistas y la necesidad de tener en cuenta "las distintas sensibilidades que coexisten en ese territorio", a lo que Sanz ha respondido que por parte de Asaja están "totalmente de acuerdo" en que Doñana "es un espacio a preservar, único".
"Pero por eso estamos pidiendo la legalidad y que los agricultores de la zona se sientan seguros. No vamos a estar en contra de lo que dicen grupos ecologistas, son necesarios para preservar", ha agregado Sanz, aunque sí ha insistido en que consideran que desde WWF les "apuntan con el dedo" dudando que sea con "el único objetivo" de preservar el parque.
Por su parte, UPA ha subrayado en que ven "necesario un debate y consenso general" sobre estos cambios en el entorno de Doñana. "No se ha explicado que no afecta al parque, sino a su entorno", ha destacado Cano, que opina que "esta falta de concreción en la información ha contribuido a un debate excesivamente intenso que no ha beneficiado a nuestro sector".
Desde esta organización de pequeños agricultores consideran que hay que "insistir en la infraestructura hídrica imprescindible en la provincia de Huelva", apostando por el agua superficial, y que los agricultores "son los primeros interesados en ser sostenibles con el uso del agua".
Esta cuestión, ha enfatizado, es "una necesidad histórica de la provincia de Huelva que trasciende a varias legislaturas" y que "sigue pendiente de resolverse en la actualidad". Con respecto a las medidas propuestas ahora, ha dicho que "si no ve luz en esta legislatura será difícil que se pueda alcanzar un consenso en la siguiente". Por ello, Manuel Piedra, secretario general de UPA Huelva, que comparecía junto a Cano, ha insistido en que "ahora es el momento de que intentemos llegar a un consenso, respetando medioambientalmente lo que es el parque, pero que no se destruya ningún puesto de trabajo del campo, que ninguna familia se tenga que ir a otro territorio".
Ante estas peticiones, el diputado de Unidas Podemos Ismael Sánchez ha apuntado que "desgraciadamente no ha habido debate ni consenso", y ha cuestionado si no sería "conveniente reconsiderar la tramitación y abrir nuevas vías de diálogo" y si no creen desde UPA "que se puedan estar generando falsas expectativas a los agricultores de la zona" con respecto al acceso al agua.
"Creo que ha habido suficiente tiempo para que todos nos hubiéramos puesto de acuerdo", ha respondido Piedra, quien ha considerado que ahora "hay que tirar para adelante y apostar porque salga (la norma), pero que todos aportemos porque lo que tenemos que conseguir es que nuestros agricultores tengan legalizadas sus fincas". Piedra ha insistido en que cada hectárea "genera más de ocho puestos de trabajo" en los que ha pedido pensar.
Mientras, por parte del PSOE Jiménez ha admitido que el plan de 2014 "ha provocado situaciones de injusticia que hay que corregir" en lo referido a reconocimiento de tierras, pero ha criticado que en lo que tenga que ver con el acceso a agua "ha habido una falta de previsión" por parte de la Junta, apuntando que "no hubo ni una sola aportación al Plan Hidrológico" de la Confederación Hidrográfica del Gualdalquivir que permitiera pensar que se iban a modificar los terrenos en la Corona Norte de Doñana.
"PP, Cs y VOX quieren jugar al esconder. Lo normal es que fuera un proyecto de ley del Consejo de Gobierno", ha defendido Jiménez, en "diálogo con instituciones", la CHG e "instituciones europeas". "Se ha entrado como un elefante en una cacharrería pensando que nadie se iba a dar cuenta", ha señalado. En respuesta, Cano ha indicado que UPA "ha presentado las alegaciones pertinentes" al Plan y esperan "que se de una vuelta a ese borrador".
