SEVILLA, 24 Feb. (EUROPA PRESS) -
Casi 450.000 empleos andaluces ya están afectados por los procesos de automatización que está incorporando la transformación digital de la economía, según recoge un informe del Consejo Económico y Social de Andalucía (CES-A), que aborda el impacto de este proceso en el tejido productivo y la sociedad andaluza y realiza distintas propuestas para incorporar de forma positiva a este proceso a la comunidad autónoma.
El informe de 300 páginas, titulado 'Transición digital en Andalucía: realidades y desafíos' y disponible desde este miércoles en la web del CES-A (http://www.juntadeandalucia.es/consejoeconomicoysocial/) ha sido presentado en un acto en el que han participado la consejera de Empleo, Formación y Trabajo Autónomo, Rocío Blanco, junto al presidente de la Confederación de Empresarios de Andalucía (CEA), Javier González de Lara, y las secretarias generales de CCOO-A, Nuria López, y UGT-A, Carmen Castilla.
La consejera, que ha alabado el "excelente" trabajo realizado por el CES-A y la oportunidad de su presentación ante la situación actual que atraviesa la economía --aunque el Consejo ya encargó su elaboración antes de la pandemia, en 2019-- ha advertido que la crisis actual "ha acortado aún más los plazos de los que disponíamos" para que el tejido empresarial andaluz asuma los cambios necesarios para afrontar de forma positiva la transición digital, y
ha defendido que tanto la planificación de la formación y la mejora de la cualificación laboral, como el avance en la mejora de la competitividad e internacionalización de las empresas serán aspectos claves para afrontar este proceso.
FONDOS EUROPEOS
En este sentido, Rocío Blanco ha recordado que la UE acordó que al menos un 20% de los fondos del Mecanismo de Recuperación y Resiliencia estén disponibles para la transición digital, y en particular para las pymes, destacando que Andalucía ha apostado por este tipo de proyectos en las 151 propuestas que ha valorado por valor de 35.480 millones, con iniciativas centradas en materias como el transporte sostenible, accesible e inteligente; el desarrollo de la banda ancha rápida; la transición digital de empresas; el reciclaje y perfeccionamiento profesional a través de la adquisición de competencias digitales o la simplificación administrativa, entre otros.
La consejera de Empleo ha defendido que, para que la transición digital " genere empleo de calidad, y que sea sostenible en el tiempo", es necesaria una "estrategia integral" basada en "la innovación, la tecnología y la formación". "Los futuros aumentos de productividad y las oportunidades de reinserción laboral dependerán de que los trabajadores posean las competencias profesionales y la formación adecuadas para responder a las necesidades de la nueva economía", ha insistido.
AVANCES EN LA ADMINISTRACIÓN
Por último, Rocío Blanco ha enumerado algunos de los avances que está afrontando la Administración autonómica en cuanto a las competencias en materia de empleo con respecto a las propuestas que realiza el informe del CES-A, entre los que ha citado el proceso de automatización que se ha implantado tanto en algunas procesos de tramitación de los ERTE como en la gestión de ayudas a los autónomos, proceso con el que "se ha inyectado en el tejido productivo más de 102,4 millones en un tiempo récord".
Asimismo, la consejera ha explicado que se está elaborando un paquete de ayudas a la digitalización de autónomos y del sector de la economía social, con una previsión presupuestaria de cinco millones de euros, y ha recordado los programas que se van a desarrollar en Formación Profesional para el Empleo relacionados con las nuevas tecnologías, como Andaluces Digitales (3,1 millones), una línea específica para la tecnología 5G (3,8 millones) o un plan específico para jóvenes menores de 30 años (7,3 millones) con especial
presencia de materias relacionadas con la economía digital.
CONCLUSIONES
El informe del CES-A presentado este miércoles ha sido elaborado a iniciativa propia del Consejo y aprobado por su Pleno en sesión celebrada el 11 de diciembre de 2020. Este estudio se ha centrado en el análisis de la digitalización de la economía, haciendo especial hincapié en la economía andaluza y en los impactos en los sectores productivos, aportando propuestas para el diseño de medidas y estrategias de impulso del proceso de digitalización, de adaptación
al cambio y de gobernanza de la transición tecnológica.
Aunque la elaboración del informe se inició antes del inicio de la pandemia, recoge un capítulo centrado en la "digitalización y Covid-19: la explosión forzada del teletrabajo", en el que se indica el avance que el trabajo a distancia ha experimentado con la pandemia en Andalucía entre otros aspectos, señalando que esta modalidad aumento del 4,8% de los ocupados a un 34%.
Con respecto al proceso de digitalización de las empresas andaluzas, el estudio señala que los índices de penetración son similares a los nacionales, aunque con marcadas diferencias, ya que mientras que los servicios avanzados (robótica, tecnología 3D o Inteligencia Artificial) están más desarrollados a nivel nacional, nuestra comunidad mantiene una mejor posición en materias como el marketing digital.
Con respecto al porcentaje de empresas que cuentan con un plan de digitalización en Andalucía, el informe constata que es ligeramente inferior a la media nacional, siendo también inferior el porcentaje de recursos destinados.
Igualmente, el estudio analiza el impacto en el empleo del proceso de transformación digital y se recoge que, en el periodo 2015-2019, el porcentaje de empleos afectados por la automatización en Andalucía ha aumentado en prácticamente todas las actividades y sectores (agricultura, industria manufacturera, construcción y actividades de información y comunicaciones), salvo en actividades financieras y de seguros.
Por último, se realizan numerosas propuestas para afrontar la transición digital, que en el ámbito del empleo se refieren, por ejemplo, al papel relevante que debe tener la negociación colectiva en la transición digital, y la necesidad de avanzar en el Plan de Apoyo a la Negociación Colectiva 2018-2021; o el enfoque integrado que deben tener las políticas públicas. Políticas públicas que luchen contra la brecha digital; una especial atención en políticas dirigidas a los jóvenes; la necesidad de afrontar la transición digital en la propia Administración o el papel fundamental que juega la formación para evitar que la nueva economía digital suponga una reducción neta de empleo, son otras de las propuestas incluidas en el informe del CES-A.
