SEVILLA, 31 Ene. (EUROPA PRESS) -
La presidenta del Parlamento de Andalucía, Marta Bosquet (Cs), plantea introducir en la reforma que promueve del Reglamento de la Cámara la "obligatoriedad" de los comparecientes en comisiones de investigación de "contestar" a los miembros de las mismas siempre y cuando no se esté "inmerso en un procedimiento penal".
Así lo ha expuesto Marta Bosquet en una entrevista concedida al programa 'Parlamento andaluz', de Canal Sur Televisión, recogida por Europa Press, en la que ha aclarado que ella comparte que "todo el que esté inmerso en una causa criminal tiene todo el derecho a no declarar" en una comisión de investigación, pero también piensa que, "si no tienes nada que ocultar ni estás inmerso en un procedimiento judicial de carácter delictivo, no tendrías por qué no querer responder a las preguntas que se hagan en una comisión de investigación, máxime cuando algunos de los comparecientes citados pueden ser incluso representantes públicos", que "tenemos que tener un plus de responsabilidad por encima de los demás y ser ejemplarizantes", según ha continuado.
Marta Bosquet ha argumentado que de ahí que entienda y plantea en la reforma del Reglamento en la que está trabajando que "se tenga derecho a no declarar cuando se está inmerso en un procedimiento penal", pero también "la obligatoriedad de contestar a las preguntas que hagan los miembros integrantes de la comisión de investigación, porque creo que eso es bueno, sano", y que "así sí son útiles" dichos órganos de la Cámara para "depurar responsabilidades políticas", que son distintas de las "penales" que pueda haber en torno a un asunto, según ha remarcado.
En esa línea, ha sostenido que la manera actual "de dirimir la responsabilidad política tiene que ser en esta casa", en el Parlamento, y "todos tenemos obligación de ayudar y contribuir a esclarecer" las mismas, "salvo en el caso de que uno esté inmerso en una causa penal y, entonces lógicamente, tienes derecho a no declarar", según ha argumentado.
La presidenta ha explicado que su reforma del Reglamento "ya está conclusa" y espera poder presentarla "en marzo a los distintos grupos", e incluirá "desde la adecuación del propio Reglamento al Estatuto de Autonomía a cómo regular la actividad", y ha expresado su deseo de que tenga buena "acogida" entre los grupos y que éstos "puedan aportar" a la misma.
REFORMA PARA EL PACTO ANTITRANSFUGUISMO
Al margen de esta reforma "más ambiciosa" a nivel global, los grupos de la Cámara, con excepción de Vox, han registrado ya la que plantea adaptar el Reglamento del Parlamento al Pacto Antitransfuguismo suscrito por la mayoría de partidos a nivel nacional hace unos meses, y en el que "se mandataba a las cámaras autonómicas para adaptar esa normativa", según ha explicado Bosquet.
La presidenta ha señalado que esa reforma ya ha sido calificada favorablemente en la Mesa del Parlamento "porque reúne todos los requisitos de forma y de fondo, y ya está en condiciones de poderse incluir en un orden del día para aprobar o no su toma en consideración" y que así siga su tramitación parlamentaria "como cualquier proposición de ley", aunque con unas peculiaridades porque "no es necesario ningún informe del Gobierno ni jurídico de la Cámara" al respecto porque "la propia disposición adicional del Reglamento establece cómo se reforma" el mismo, según ha explicado.
Marta Bosquet ha sostenido que esta reforma para adaptar el Reglamento al Pacto Antitransfuguismo "no va referida concretamente a la situación que se ha dado en el Parlamento" andaluz tras la expulsión de nueve diputados del grupo de Adelante Andalucía --incluida quien era su presidenta hasta ese momento, Teresa Rodríguez--, sino que "lo que se recogen son las distintas posibilidades" que puedan darse para salir de un grupo parlamentario, "bien por propia renuncia, por expulsión, o por un caso de transfuguismo".
La presidenta ha defendido que cuando "mayor regulación tengan los posibles supuestos que puedan darse, menos se prestan las cuestiones a interpretación", y "todo lo que esté reglado y bien reglado menos susceptible es de contencioso y procedimiento", además de que "es una obligación de las cámaras legislativas adecuar las leyes a las posibles situaciones que puedan darse", según ha concluido.
