SEVILLA, 19 Ene. (EUROPA PRESS) -
La patronal de la enseñanza privada de Andalucía, CECE-A, ha querido reiterar "su rechazo más absoluto" a la entrada en vigor de la Lomloe, también conocida como 'Ley Celaá', ya que su puesta en marcha definitiva supone "un daño irreparable" al derecho de las familias a elegir centro y modelo educativo.
Desde CECE se advierte en un comunicado de que se trata de "una ley excluyente", la enésima que se aprueba en los últimos años, donde "se prima con rotundidad que el servicio público de la educación se preste solo a través de los centros públicos en todas sus etapas".
En este sentido, afirma que para "nada se tiene en cuenta" que este servicio esencial puede prestarse a través de otra tipología de centros que demandan las familias, que "aunque quiera obviarse interesadamente son las primeros responsables de la educación de sus hijos".
Así, a juicio de la patronal de enseñanza, "es de extrema gravedad que se obvie la demanda social, es decir, el derecho a elegir de padres y madres el centro educativo para el alumnado". De hecho, añade que lo primero que han hecho en esta reforma "es quitarlo como uno de los criterios que debía tenerse en cuenta a la hora de programar las plazas escolares". "Como culmen del contrasentido, ahora es la sociedad la que se tiene que someter a las preferencias del gobierno en vez de gobernar teniendo en cuenta las demandas de la sociedad", asevera.
Un hecho que, indica CECE-A, "se constata" en diferentes apartados de la ley. Por citar algunos ejemplos, en educación infantil (art. 15 y disposición adicional tercera), "solo prevé una oferta de centros públicos; con los centros de educación especial que los pretende dejar para una atención muy especializada" .
Igualmente, con la educación diferenciada, que, añade, "opinan los legisladores del Gobierno de que no fomenta la igualdad entre hombres y mujeres, en contra de la libertad de elección de familias que desean ese modelo pedagógico y que lleva más de 50 años sostenido con fondos públicos (disposición adicional vigésimo quinta)".
De la misma manera, la patronal indica que "se atenta a la libertad de elección con la cosificación de los criterios de admisión con una prioridad desmedida de la cercanía del centro que acentúa aún más la imposibilidad de elegir y moverse de una determinada zona (artículo 84)".
En definitiva, la nueva reforma "va en sentido contrario al pluralismo educativo que recoge la Constitución y que ha sido interpretado por nuestro Tribunales como pilar básico de nuestro sistema educativo", manifiesta, para añadir que "es evidente que la complementariedad de redes de centros, de modelos pedagógicos distintos, la libertad de las familias, la libertad de creación de centros, el derecho a educar a los hijos conforme a unas convicciones, religiosa, filosóficas y pedagógicas, etcétera, queda atrás con esta ley que más que del siglo XXI parece decimonónica".
