SEVILLA, 3 May. (EUROPA PRESS) -
Cermi Andalucía ha mostrado su respaldo a la decisión de la Junta de Andalucía de incrementar el número de plazas en los centros para las personas con discapacidad, que aumentará hasta en 300 más cuando inicialmente estaban previstas la creación de solo 150.
Estas 300 nuevas plazas se distribuirán entre los centros de día, residencias y centros ocupacionales destinados a atender a las personas con discapacidad de toda Andalucía, indica en un comunicado el Cermi Andalucía, cuya presidenta, Marta Castillo, ha valorado esta iniciativa y ha agradecido a la consejera de Igualdad, Políticas Sociales y Conciliación, Rocío Ruiz, el impulso de esta medida que supondrá "una mejora en la atención a este colectivo".
Castillo ha participado este lunes en la Comisión de Participación en materia de concertación con centros de atención especializada para personas mayores y con discapacidad de la Consejería de Igualdad, donde se informó de esta subida de plazas y de las líneas de actuación respecto al concierto social para el año 2021.
Ha destacado la importante labor que desempeñan estos centros y servicios que prestan a las personas con discapacidad, por lo que ha aplaudido este incremento de plazas en estos centros en estos momentos difíciles por la crisis provocada por la pandemia. Además, ha añadido que el 90% de las plazas de atención a personas con discapacidad se realiza a través del concierto social en las entidades sin ánimo de lucro pertenecientes al movimiento asociativo Cermi.
Asimismo, Castillo ha recordado la necesidad "de cumplir el compromiso rotundo y firme adquirido por el presidente andaluz, Juanma Moreno, con Cermi Andalucía" en su última reunión para incrementar de forma urgente el coste por plaza en estos centros para que las entidades puedan "asumir con solvencia el mantenimiento de los servicios que prestan". A su juicio, "las entidades y esos centros son una extensión de la Administración para atender las necesidades de las personas con discapacidad en Andalucía, por lo que su justa financiación es imprescindible para el sostenimiento de sus servicios".
Según la presidenta andaluz de Cermi, "los centros y entidades que prestan estos servicios están sufriendo un déficit histórico que en un futuro inmediato puede comprometer su propia existencia y podrían desaparecer, ya que los precios concertados con la Junta no son suficientes para afrontar los gastos reales actuales de estos servicios".
Cermi Andalucía sigue reclamando más financiación y recursos para las entidades que atienden en Andalucía a 700.000 personas con discapacidad, cuya sostenibilidad se ha visto agravada por la crisis de la pandemia. Este colectivo supone cerca del 10% de la población de la comunidad y para atención se cuenta con más de 32.000 profesionales y 1.500 voluntarios que les apoyan en su vida diaria.
EXIGE EL DERECHO A UNA VIVIENDA "ACCESIBLE E INCLUSIVA"
Por otra parte, el Cermi Andalucía ha exigido el derecho de las personas con discapacidad a una vivienda "accesible, asequible e inclusiva como elemento esencial para una vida independiente y participativa". Esta es la principal reivindicación que la plataforma de la discapacidad resalta en el manifiesto con motivo de la celebración del Día Nacional de la Convención Internacional sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, que se conmemora este 3 de mayo.
De la misma manera, y a través de un comunicado, ha reclamado que la discapacidad ha de ser tenida "muy en cuenta" en la ordenación y aseguramiento del derecho a la vivienda, que, a su juicio, "debe abordarse como parte de la legislación y las políticas públicas
generales de vivienda". Y es que, tal y como se recalca en el manifiesto, "toda persona tiene derecho a vivir en su domicilio con el soporte que precisa y perteneciendo y participando de su comunidad".
De esta manera, el Cermi andaluz considera necesario llevar a cabo dos medidas "de calado". Por un lado, la aprobación de una Ley General de Garantía del Derecho Social a la Vivienda, así como el aumento del parque público de vivienda, dedicando al menos el 2% del Producto Interior Bruto (PIB) a asegurar esta finalidad.
