Colectivos de parcelas dicen que sus problemas no se resuelven con "el aislamiento" del plan general

Publicado 01/06/2019 11:34:34CET
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CÓRDOBA, 1 Jun. (EUROPA PRESS) -

La Coordinadora Andaluza por la Legalización Urbanística (CALU), que representa a colectivos de asociaciones de vecinos, federaciones y unidad de gestión vecinales, entre otros, ha expresado que la problemática urbanística de un municipio no se resuelve "aislando las urbanizaciones del plan general", sino que el plan general es "el que debe resolver el reparto de beneficios y cargas de todo el término municipal".

Según han manifestado a Europa Press desde la coordinadora, "situar como islas las urbanizaciones es que las están condenando a pagar el importe completo de la gestión del urbanismo de cada una sin beneficiarse de los mecanismos que un plan general les podría aportar".

Dicha postura la expresan a raíz del anuncio de esta semana de la Consejería de Fomento, Infraestructuras y Ordenación del Territorio de elaborar planes especiales autónomos, no dependientes de los planes generales, como vía para resolver la situación de las viviendas irregulares, al tiempo que ampliará el reconocimiento de la figura de asimilado fuera de ordenación (AFO) a los propietarios de estas viviendas.

En opinión de los representantes de CALU, "no pueden mezclarse suelos urbanos con suelos no urbanizables, denominando a todas las urbanizaciones de la misma manera", a lo que han agregado que "haciendo planes especiales sobre suelos no urbanizables no se resuelve el problema de que ese suelo no sea urbanizable, solamente se le añade una gestión mucho más problemática y además unos costes que después no van a beneficiar en nada".

Igualmente, han apuntado que la consejera del ramo, Marifrán Carazo, "tampoco se ha pronunciado sobre hacer un decreto ley que contemple que todas las viviendas que han entrado en los diferentes planes urbanísticos de los diferentes pueblos de Andalucía, que están en dichos planes como urbanas o urbanizables, se les paralice cautelarmente los expedientes y las multas coercitivas hasta que se regularicen o legalicen", cuando "existen muchísimas familias en estado crítico por esta cuestión", según han advertido desde la coordinadora.

Por otra parte, han remarcado que "el AFO no es la solución", dado que "esta figura se creó para las viviendas en los diseminados y no para los núcleos de viviendas consolidados, asentamientos, parcelaciones y urbanizaciones", según han expuesto.

En este sentido, consideran que "no se puede pretender que se paguen todos los impuestos y costes de regularización y, si por mala fortuna una vivienda sufre un incendio, inundación o terremoto y se cae al suelo, los propietarios no podrán volver a levantarla, quedando en una situación de indefensión total".

Además, señalan sobre el acceso al Registro de la Propiedad que "escriturar las casas no sirve para poder rehacerla, pero sin embargo ante cualquier deuda sí te la pueden embargar, porque algún propietario no pueda soportar los gastos de infraestructuras, como reforestaciones, arreglos de riberas, etcétera", a lo que suman que "otra cosa es acometer las obras para la instalación de los servicios básicos".

QUE "SE TOME EN SERIO"

En cualquier caso, desde CALU han asegurado que reciben "con alegría e ilusión que el nuevo Gobierno andaluz se tome en serio el gran problema que existe en la comunidad, como es el de las viviendas irregulares, que fue ignorado totalmente por sus antecesores".

Mientras, han mantenido sus dudas sobre que el decreto ley anunciado por la consejera a tal efecto, con la derogación de dos leyes y dos decretos ley hoy vigentes, será aprobado por el Consejo de Gobierno antes de que acabe el actual periodo de sesiones, antes del verano.

Entretanto, han vuelto a pedir una reunión "urgente" con la consejera Marifrán Carazo, en la que atienda a representantes de afectados de Córdoba; Jaén; Chiclana de la Frontera y El Puerto de Santa María, en Cádiz; Carmona (Sevilla), y Estepona y Axerquía de Malaga, todos ellos miembros de CALU, que representan a un 80 por ciento de las provincias de Andalucía.