SEVILLA, 31 Oct. (EUROPA PRESS) -
El director del Consejo de Transparencia y Protección de Datos de Andalucía, Manuel Medina, ha presentado este jueves el Informe Anual de Actuación 2018 en la comisión parlamentaria de Turismo, Regeneración, Justicia y Administración Local, donde ha destacado que en ese ejercicio se atendieron 1.015 asuntos, cifra que revela el incremento de la actividad del Consejo desde su puesta en marcha en marzo de 2016, cuando se consideraron 452 iniciativas, un 124,5% de crecimiento en la comparativa de ambos ejercicios.
La actividad global del Consejo se desglosa en 2018 en 465 reclamaciones sobre acceso a la información pública; 262 consultas de información; 288 denuncias sobre publicidad activa, según ha informado el Consejo de Transparencia a través de una nota.
"Los más de 1800 asuntos registrados y las más de 900 resoluciones dictadas desde 2016 ponen de manifiesto el interés de la ciudadanía por conocer el destino y uso de los recursos públicos, así como la gestión de nuestras administraciones", ha manifestado el director del Consejo de la Transparencia, quien ha subrayado la evolución de la actividad de este órgano desde su creación en marzo de 2016.
Manuel Medina ha constatado "el crecimiento global que ha tenido el Consejo en todas su áreas de actuación", por lo que ha subrayado que ha sido "fruto del importante esfuerzo realizado" por la autoridad de control y del "papel relevante que cada vez más le otorga la ciudadanía".
En su análisis, Medina ha afirmado que los datos "demuestran el aumento del conocimiento de la labor del Consejo entre los andaluces y andaluzas" así como el "reconocimiento de la importancia que tiene para la ciudadanía la función de control de la actividad pública que realiza".
El Consejo ha emitido 566 resoluciones sobre reclamaciones de derecho de acceso a información pública y a denuncias de publicidad activa en 2018, más del triple de las resoluciones dictadas en 2016. El Consejo de Transparencia ha destacado el aumento del número de resoluciones de derecho de acceso a la información pública emitidas, que han pasado de las 152 en 2017 a las 465 el pasado ejercicio.
De las 465 reclamaciones de derecho de acceso a información pública tramitadas por el Consejo, el 58,9% se dirigieron contra entidades locales y el 36,1% restante contra la Junta de Andalucía. Las corporaciones de derecho público (3,4%), las universidades andaluzas (1,1%) y otras entidades (0,4%) suman el resto organismos reclamados.
En el análisis por provincias de las entidades locales reclamadas, destaca Cádiz, que, con 80, representa el 29,2% del total, seguida de Sevilla con 51 reclamaciones. Jaén y Huelva son las provincias que cuentan con menos entidades locales objeto de reclamaciones.
El 77,8% de los reclamantes al Consejo son personas físicas, siendo personas jurídicas el resto (22,2%). Las personas físicas son hombres en el 66,3% de los casos, y mujeres en el 33,7% restante, por lo que se evidencia una importante brecha de género en la presentación de reclamaciones al Consejo.
En el caso de las personas jurídicas, el grueso de los reclamantes, el 44,7%, son asociaciones; el 28,2%, a organizaciones políticas; el 11,7%, a empresas, y el 10,7%, a organizaciones sindicales.
En relación con las resoluciones dictadas, el 19,8% de ellas fue estimada parcialmente; el 19,6%, inadmitidas; el 18,5%, estimadas; el 16,3%, desestimadas; el 15,2%, declaraciones de terminación de procedimiento, y el 10,8% restante, desistimientos y retroacciones.
Los datos de actuación en publicidad activa en 2018, y su volumen ascendente año tras año, "refuerzan el papel del Consejo y manifiestan que la ciudadanía reconoce la necesidad y la utilidad como autoridad de control de la actividad pública en Andalucía", ha subrayado Medina.
El total de las denuncias de publicidad activa, 288, revela que los organismos más denunciados son las entidades locales (93,8%), seguidos de la Junta de Andalucía con el 4,5% de las denuncias.
En el análisis provincial de las denuncias se observa que Sevilla es la provincia que aglutina el 34,1% del total, mientras que el resto de provincias presenta un reparto de un 10%.
El perfil de denunciantes es opuesto a las reclamaciones de derecho de acceso a la información: las personas jurídicas representan el 89% y las físicas, el 11%.
Desde el inicio de actividad del Consejo, en marzo de 2016, hasta cierre del ejercicio 2018, se han registrado 1820 asuntos y se han dictado 900 resoluciones.
Respecto a los órganos reclamados en derecho de acceso a información, el 61,9% son entidades locales y el 32,9% son para la Junta de Andalucía, porcentajes que han venido consolidándose en cada ejercicio. Cádiz, a la cabeza, seguida de Sevilla, Granada y Almería copan los primeros puestos de provincias reclamadas.
En cuanto a las resoluciones emitidas (743), los porcentajes se dividen en inadmitidas (el 24%), estimadas (el 18%), estimadas parcialmente (17%), declaración de terminación de procedimiento (16%), desestimadas (14%) y un 10% restante para desistimientos y retroacciones.
En el capítulo de publicidad activa, de las 627 denuncias presentadas, las entidades locales representan el 87,7%, mientras que el porcentaje restante se distribuye entre la Junta de Andalucía, la Administración del Estado y las corporaciones de derecho público. Las entidades locales más denunciadas son Sevilla (60%), seguida de Málaga, Cádiz y Almería.
El perfil de los denunciantes es en un 91% personas jurídicas (el 98% de ellas, asociaciones), frente al 9% que son personas físicas, de los cuales el 81% son hombres, y mujeres, un 19%.
El Informe de Actuación del Consejo, además del desglose de datos de 2018, y de la evolución desde 2016, incluye un monográfico de la celebración del III Congreso Internacional de Transparencia, organizado por el Consejo y la Asociación Española de Acreditación de la Transparencia (Acreditra), y que congregó en Cádiz a los organismos internacionales de transparencia de México, Reino Unido e Italia.
