El Tribunal de Justicia de la Unión Europea ha dictado este jueves que el titular de un contenido compartido de manera ilegal en plataformas online como YouTube solo puede reclamar al operador la dirección postal del usuario que ha compartido el archivo, y no otros datos personales cubiertos por las reglas de protección de datos, como el correo electrónico, su dirección de IP o su número de teléfono.