SEVILLA, 6 Mar. (EUROPA PRESS) -
El Grupo de Ciudadanos (Cs) en el Parlamento de Andalucía ha instado a la Junta de Andalucía a exponer las medidas a adoptar por parte de la Consejería de Economía y Conocimiento para evitar que vuelvan a producirse situaciones como la que actualmente vive la Universidad Internacional de Andalucía (UNIA), cuyo rector, Eugenio Domínguez Vilches, sigue ejerciendo a pesar de haber sobrepasado la edad de jubilación como docente catedrático de universidad.
En una pregunta elevada a la Comisión de Economía y Conocimiento de la Cámara autonómica, suscrita por la diputada naranja Marta Escrivá y consultada por Europa Press, se recuerda cómo Domínguez Vilches, a pesar de haber cumplido ya los 70 años, límite para seguir en activo, sigue manteniéndose en el cargo.
Este hecho, recuerda, "debería haber sido comunicado" al consejero del ramo, Antonio Ramírez de Arellano, de quien depende su nombramiento, no obstante lo cual "el señor rector no lo comunica ni al consejero ni lo declara de oficio, como así determina la ley".
El caso ha motivado incluso un dictamen de la Comisión Permanente del Consejo Consultivo de Andalucía, a petición del Rectorado de la sede académica, donde se solicitaba dictamen sobre el alcance temporal del mandato, solicitando un pronunciamiento sobre su conformidad legal, aunque ello suponga acortar la duración del mandato de cuatro años, no estando prevista dicha causa de cese o remoción legal o estatutariamente.
Así, el Consultivo se pronunció negativamente al respecto por el "singular" régimen de nombramiento del rector --designado a propuesta de un órgano político-- y por la interpretación de que la jubilación forzosa del rector como catedrático de universidad no opera en este caso como causa sobrevenida de cese o remoción.
"Es evidente que, por la propia idiosincrasia de la UNIA, su normativa reguladora no contempla una condición que no puede exigir, esto es, que el rector sea nombrado entre catedráticos en servicio activo en la propia UNIA", recuerda el Consejo, que ve que las consecuencias de una interpretación contraria "no sólo serían perjudiciales para el derecho al desempeño del cargo público hasta la finalización del mandato, sino también perturbadoras para la estabilidad y gobierno de la universidad, dado el efecto de ceses en cadena que se produciría".
