SEVILLA, 15 Sep. (EUROPA PRESS) -
El grupo de Ciudadanos (Cs) defenderá el miércoles en comisión del Parlamento una proposición no de ley en la que se reclama el respaldo de la institución a que el Gobierno central alcance de un acuerdo con el sector pesquero de arrastre del Mediterráneo andaluz, sobre regulación de la citada pesca, que compatibilice la sostenibilidad medioambiental del recurso y la rentabilidad económica y competitividad del sector, así como el mantenimiento del empleo.
En la iniciativa, a la que ha tenido acceso Europa Press, también se pide que se cuente con las opiniones y apreciaciones de los representantes del sector pesquero andaluz para llevar a cabo por parte del Gobierno central las distintas normativas y regulaciones que afectan a dicha actividad pesquera.
Según expone Cs en su iniciativa, la flota de pesca de arrastre en Andalucía tiene un total de 92 embarcaciones, estando el 52 por ciento de las mimas localizadas en la provincia de Almería. Dicha actividad de pesca de arrastre genera un total de 460 empleos directos y un total de 2.300 empleos indirectos.
La pesca de arrastre es una pesca de bajura y basa su principal atractivo en la calidad y frescura de sus productos, por lo que interactúa con otros sectores de economía andaluza como los del turismo, la hostelería y la alimentación, además de generar empleo y riqueza en su propia industria auxiliar.
Se añade que está en elaboración el nuevo Real Decreto por el que se establecen las medidas de ordenación y se regula el ejercicio de la pesca con artes de arrastre en los caladeros mediterráneos, así como la orden ministerial que establece un Plan de gestión para la conservación de los recursos pesqueros en el Mediterráneo afectados por las pesquerías de cerco, arrastré y artes fijos y menores.
Según Cs, el sector del arrastre considera que las medidas que se contemplan en estas normas "ponen en peligro la actividad de la flota de arrastre, por su nula o escasa rentabilidad" y lamentan que la gestión del Ejecutivo nacional se esté llevando a cabo "de espaldas al sector".
Para Cs, es preciso que las administraciones públicas atiendan las observaciones y opiniones de los productores en el desarrollo normativo del sector, y muy especialmente en aspectos tales como la limitación del esfuerzo extractivo, la dimensión mínima de mallas, la clasificación de embarcaciones por su eslora y la clasificación de la actividad de arrastre en función de su profundidad y especie capturada.
