SEVILLA, 21 May. (EUROPA PRESS) -
La Central Sindical Independiente y de Funcionarios en Andalucía (CSIF-A) ha afirmado que empleó los medios a su alcance, sindicales y jurídicos, para denunciar situaciones que consideró anómalas sobre la actividad de la Fundación Andaluza Fondo de Formación y Empleo (Fafffe), como ha puesto de manifiesto este viernes el presidente de CSIF Andalucía, Germán Girela, durante su comparecencia en la comisión de investigación sobre esta entidad creada en el Parlamento de Andalucía.
"Tanto desde el punto de vista jurídico como sindical, CSIF empleó los instrumentos a su alcance para denunciar y evitar prácticas que se consideraron anómalas o irregulares en relación a la actividad de esta fundación y que iban en perjuicio, tanto de las empleadas y empleados públicos andaluces, como de los servicios que se prestaban a la ciudadanía", ha afirmado Girela, según una nota de este sindicato.
El responsable autonómico de CSIF ha recordado el posicionamiento contrario que ha mantenido históricamente CSIF-A ante la Ley 1/2011 de reordenación del sector público de Andalucía, "a la que el sindicato se ha opuesto siempre frontalmente, por cuanto daba origen a una serie de entes instrumentales que favorecían la usurpación de funciones reservadas a los funcionarios por parte de personal que no lo era".
Sobre las acciones jurídicas emprendidas por el sindicato sobre la Faffe, Girela se ha referido al recurso interpuesto ante el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) contra la Resolución de 23 de diciembre de 2008 de la Delegación Provincial de Sevilla de la Consejería de Empleo por la que se formalizaba la encomienda de gestión a la Fundación Andaluza Fondo de Formación y Empleo, que fue estimado, con lo que se declaró nula dicha encomienda.
También ha aludido al recurso interpuesto por CSIF con fecha 20 de mayo contra el acuerdo de 19 de abril de 2011 del Consejo de Gobierno por el que se autorizaba la concesión de subvención nominativa por importe de más de 16,6 millones de euros, cuando dicha entidad se encontraba ya extinguida.
En este caso, aunque el TSJA dictaminó a favor de los argumentos del sindicato, el Tribunal Supremo admitió el recurso de casación interpuesto por la Administración y concluyó que la organización sindical no estaba legitimada.
Después de ello, y al no caber recurso, CSIF puso en conocimiento de la Fiscalía toda la documentación al respecto por si los hechos pudieran ser constitutivos de delito.
El presidente de CSIF-A se ha referido a la acción sindical llevada a cabo desde el Sector de la Administración General de la Junta de Andalucía de CSIF para "demandar luz y taquígrafos sobre las tareas que desempeñaba el personal que pasó de la extinta entidad al Servicio Andaluz de Empleo (SAE), con el objetivo -ha explicado- de evitar la usurpación de funciones que les eran impropias".
Germán Girela ha expresado su deseo de que "la futura Ley de Función Pública de Andalucía, que se encuentra en estos momentos en fase de anteproyecto, dé carpetazo definitivamente a la citada reordenación y regule de forma clara las potestades públicas que serán desempeñadas exclusivamente por funcionarios como fórmula para garantizar la seguridad jurídica y la prestación de los distintos servicios públicos a la ciudadanía".
