El Defensor andaluz se muestra "muy preocupado" por el riesgo de tráfico de órganos y trata de niños en Ucrania

Archivo - El Defensor del Pueblo Andaluz, Jesús Maeztu, en una foto de archivo

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SEVILLA 22 Mar. (EUROPA PRESS) -

El Defensor del Pueblo andaluz y Defensor de la Infancia y Adolescencia en Andalucía, Jesús Maeztu, ha señalado que le "preocupa muchísimo" el riesgo de tráfico de órganos y trata de niños en Ucrania, toda vez que ha recordado que ha abierto una queja de oficio interesándose por los cauces para "agilizar" el acogimiento familiar de los niños ucranianos.

En declaraciones a los medios en Sevilla, ha señalado que le "preocupa muchísimo" que "ya hay gente preparada para llevarse a los niños" que están en Ucrania "para la trata y el intercambio de órganos". "Estamos requiriendo reforzar este tema", ha señalado, para añadir que "da terror decirlo" y que "están atentos a esto que nos llega porque ya lo preveíamos".

Además, ha recordado que la Defensoría ha abierto una actuación de oficio para pregunta a la Administración andaluza por su previsión para contar con "un cauce ágil" que tramite los ofrecimientos de acogimiento familiar de menores procedentes de Ucrania y "tener una buena información que dar a la gente que viene a la oficina" a preguntar, para destacar que "es la otra cara del ser humano".

En este sentido ha dicho que "quieren poner un poco de orden, de calma" y "convertirse en canal de información y poder atender a los ciudadanos que vienen a consulta". "Tenemos que cumplir nuestro deber, estar atentos a contribuir con todos los recursos que haya para paliar las consecuencias de la guerra", ha apuntado, al tiempo que ha pedido "tranquilidad, sentido común y solidaridad".

En dicha queja, el Defensor se ha dirigido a la Dirección General de Infancia, dependiente de la Consejería de Igualdad, Políticas Sociales y Conciliación, para solicitar su colaboración con la intención de que se establezca un protocolo específico que dé respuesta "ágil" a los ofrecimientos de acogimiento familiar que se vienen produciendo, en coordinación con otras instituciones públicas competentes (servicios sociales municipales, Administración del Estado, Fiscalía) y otras entidades y organizaciones sociales que vienen colaborando con el ente público de protección de menores.