El Defensor del Profesor de ANPE atendió el curso pasado en Andalucía 134 casos con problemas para ejercer la docencia

JAÉN 23 Nov. (EUROPA PRESS) -

El Defensor del Profesor del sindicato ANPE atendió 134 casos durante el curso 2022-2023 en Andalucía en los que los docentes informaban de problemas para desarrollar su labor, como carga burocrática, acoso, amenazas, falsas acusaciones y violencia física y psíquica. Además, la mayoría de ellos, un 75 por ciento, manifestaba "un gran nivel de estrés y ansiedad".

Son datos recogidos en el informe andaluz del citado servicio, puesto en marcha en 2005, correspondiente al pasado curso. Ha sido presentado este jueves en Jaén por la coordinadora autonómica del Defensor del Profesor, Charo Siguero, y el presidente y vicepresidente de ANPE-Andalucía, Francisco Padilla y José Cuadrado.

"Las leyes educativas siguen sin dar respuesta a problemas que soportan a diario los docentes en los centros educativos", han lamentado. Durante el curso 2022-23, este servicio atendió 134 casos ocurridos en centros públicos. De ellos, un seis por ciento corresponde a Educación Infantil, un 40 por ciento a Primaria, un 40 por ciento a ESO y Bachillerato, un siete por ciento a la FP y otro siete por ciento a la Educación Permanente y Enseñanzas Artísticas y de Idiomas.

Con respecto a los casos, se clasifican en tres grandes grupos los casos atendidos, según el sector de la comunidad educativa al que pertenecen quienes originan el conflicto: alumnado, familias y el propio personal de los centros y la administración educativa.

En los causados por el alumnado, destacan las dificultades para dar clase, que suponen un 17 por ciento; las faltas de respeto y falsas acusaciones, con otro 17 por ciento, y las amenazas (doce por ciento). "En cuanto a los episodios de violencia física, si bien escasos afortunadamente, nos preocupa su naturaleza cada vez más agresiva, lo que genera una gran inquietud entre el colectivo docente", han explicado desde ANPE.

Además, aunque disminuye el ciberacoso, por la prohibición por parte de los centros de uso de dispositivos móviles en las aulas, se sigue reclamando una actualización de la normativa que salvaguarde los derechos de imagen y protección de datos personales del profesorado.

FAMILIAS

Respecto al bloque de las familias, llaman la atención los episodios de acoso y falsas acusaciones a los que someten a los docentes, que suponen en conjunto un 22 por ciento, así como las denuncias ante equipos directivos o la inspección educativa (13 por ciento).

"Mantener ratios tan altas por clase impide una atención más individualizada y personalizada al alumnado y sus familias, cuestionando estas últimas, de manera continua y desde una perspectiva sobreprotectora, la labor docente en aspectos como la metodología de trabajo, la gestión del aula y del tiempo", ha comentado.

En el último bloque, el sindicato alude a los conflictos relacionados con el ámbito laboral, como los relacionados con la aplicación de la normativa de organización y funcionamiento de los centros docentes (diez por ciento), aperturas de expedientes disciplinarios (dos por ciento) y problemas con la administración educativa en general (37 por ciento).

"Cabe destacar el alto porcentaje que presentan los docentes con las dificultades en la aplicación del currículo escolar, derivadas del desarrollo tardío de la Lomloe. A ello habría que añadir la falta de recursos humanos y materiales para atender la diversidad del alumnado, y de protocolos para abordar la salud mental y la gestión de emociones dentro y fuera del aula", ha lamentado.

COSTE EMOCIONAL

Todo ello lleva a que "los docentes, en el ejercicio de sus funciones, pagan un gran coste emocional, del que se resiente tanto su salud física como mental", según ha puesto de relieve el sindicato.

En este sentido, del total de docentes atendidos, el 75 por ciento manifestaba un gran nivel de estrés y ansiedad, mostrando además síntomas depresivos un 15 por ciento. Respecto al curso anterior sí que han disminuido los casos que han desembocado en baja médica, reduciéndose a tan sólo un doce por ciento, "lo que demuestra su gran esfuerzo por mantenerse activos en el aula".

Todos estos datos son "una muestra de las situaciones reales" en las aulas (carga burocrática, ratios elevadas, creciente número de alumnos con necesidades educativas especiales...) y "que ponen a prueba la responsabilidad del docente, falto de un suficiente apoyo político y social".

Por ello, desde ANPE-Andalucía ha subrayado que trabajan "para mejorar el reconocimiento social de los docentes y dar visibilidad a su trabajo diario con el objetivo de que la educación alcance el lugar que merece" en la sociedad.

"Seguimos trabajando en el desarrollo normativo de la ley autonómica de reconocimiento de la autoridad del profesorado, con la misma intensidad que hacemos en el caso de la defensa del resto de condiciones laborales de los profesionales de la enseñanza pública andaluza", han señalado.