GRANADA, 27 Oct. (EUROPA PRESS) -
La consejera para la Igualdad y Bienestar Social de la Junta de Andalucía, Micaela Navarro, consideró hoy "lógico" que la comunidad andaluza tenga el porcentaje más alto en la concesión de ayudas a cuidadores no profesionales enmarcadas en la Ley de Dependencia ya que se trata de la región donde "más se ha desarrollado esta ley" y negó que exista fraude en el proceso de concesión de las mismas, acusando al PP de "intoxicar y envenenar" este asunto.
Navarro, que inauguró hoy en Granada unas jornadas bajo el título 'La protección jurídica y derechos de las personas mayores', aseguró a los periodistas que la "inmensa mayoría" de los ayuntamientos andaluces están colaborando con la junta para la aplicación de la ley "con absoluta lealtad y bajo la más estricta legalidad "y criticó que se "ponga en tela de juicio la profesionalidad" de los trabajadores que se dedican a gestionar estas prestaciones.
La comunidad andaluza aglutina, según adelanta hoy el diario 'ABC', el 41,87 por ciento de las ayudas que se prestan en toda España a familiares que cuidan a personas en situación de dependencia, una cifra que para el secretario general del PP andaluz, Antonio Sanz, supone un "gravísimo fraude a la ley al convertir en habitual lo que debería de ser una excepcionalidad", apuntando además a "sospechas de clientelismo".
La consejera advirtió de que "si alguien tiene conocimiento de que se está cometiendo fraude que vaya a los juzgados", de modo que sea el juez quien determine "en qué parte del proceso" se detectan irregularidades, ya que, según recordó, en la aplicación de la ley "colaboran tres instituciones".
Navarro matizó que cuando los trabajadores sociales toman la decisión de internar en un centro a una persona dependiente y los familiares se niegan y prefieren acogerse a otro tipo de ayudas "hay que asignárselas", ya que "no se puede hacer un ingreso en contra de la voluntad de las familias".
En este sentido, consideró oportuno que se introduzca alguna "salvaguarda en la ley" para evitarlo, ya que, según dijo, "hay que tener en cuenta la prescripción que hacen estos profesionales".
La consejera justificó las declaraciones del PP sobre este asunto en su interés por "tratar de tapar la ineficiencia que están demostrando en las comunidades donde gobierna esta partido".
Así, criticó que el Ayuntamiento de Almería tenga retrasos en las solicitudes de ayuda de "hasta nueve meses" y que "no haya empezado a entregar las ayudas a domicilio "hasta hace una semana", cuando, según dijo, "todos los consistorios andaluces han recibido desde el 1 de enero dinero por adelantado para conceder esta prestación", una cifra que en el caso de Almería asciende al millón de euros, aseguró.
Añadió que en la Comunidad de Madrid "difícilmente se va a encontrar ninguna ayuda" porque, según indicó, "atienden a las mismas personas que antes", algo que "puede verse en la página del Imserso", añadió.
PRIVATIZACIÓN DE LA DEPENDENCIA
Preguntada por la privatización de los servicios para la aplicación de la Ley de Dependencia que están emprendiendo algunos ayuntamientos, lo que, a juicio de CCOO, propicia malas condiciones laborales entre estos empleados, la consejera aclaró que "no va a intervenir en el procedimiento que adopte cada ayuntamiento", aunque defendió la legalidad de sacar a concurso la prestación del servicio.
"La Junta lo que hace es adelantar el dinero para que ellos --los ayuntamientos-- no tengan que obtenerlo de su propia financiación", a partir de ahí los procesos que se pongan en marcha, como sacarlo a concurso para hacer la prestación a través de una empresa o hacerlo de forma directa, son procedimientos que se ajustan a la legalidad vigente y no lo voy a poner en duda en ningún momento".
Matizó que las empresas "saben que tienen que respetar también la legalidad en todo lo que significa los derechos de los trabajadores".
