SEVILLA, 13 Sep. (EUROPA PRESS) -
La Asociación de Docentes Discapacitados Andaluces (ADDA) ha presentado sus reivindicaciones a los grupos parlamentarios IULV-CA, Ciudadanos, PP-A y Podemos tras concentrarse este jueves a las puertas del Parlamento de Andalucía para exigir a la Consejería de Educación que "cumpla" con la Ley de los Derechos y la Atención a las Personas con Discapacidad en Andalucía.
Así lo ha indicado a Europa Press la presidenta de ADDA, Silvia González, que asegura que lo grupos "han mostrado el apoyo" a sus peticiones. Además, ha señalado que "en breve" presentarán "una demanda contra la Junta por el incumplimiento de la ley", que, destaca, "en su artículo 28.1 contempla que se reservará el 10% de los puestos de trabajo de las administraciones públicas a personas que acrediten una discapacidad igual o superior al 33%".
La Asociación recuerda a través de un comunicado que tras mantener numerosas reuniones con ADDA, la Consejería de Educación "se comprometió a cumplir" la legislación y "garantizar que el 10% de las vacantes que se generaran para el curso 2018/2019 fueran cubiertas por aquellos integrantes de las bolsas de empleo público que acreditaran tener una discapacidad, para cuyo registro incluso se estableció un plazo".
Pero, añade que ahora el departamento que dirige Sonia Gaya, "alegando presión por parte de los sindicatos, se ha echado atrás en su promesa inicial, no solo mostrando una falta de seriedad importante, sino, además, incumpliendo conscientemente una ley que ellos mismos elaboraron y que, por ende, supone una ilegalidad y una falta de sensibilidad alarmantes hacia un colectivo que, sin duda, muestra una gran vulnerabilidad en el acceso al mercado laboral".
Además, lamenta que la realidad actual es que, en la Oferta Pública de Empleo, las plazas que no se cubren por discapacidad, bien por falta de aspirantes o por suspensos, "son ocupadas por interinos del turno general, en vez de reservarse para que sean cubiertas por personas con discapacidad en futuras convocatorias". Según las cifras de que dispone la asociación, "sólo con las plazas que han pasado al turno general en esta última convocatoria, 377 en total, ya podría estar trabajando todo el personal acreditado con discapacidad (249 docentes), que reclama que la ley no se cumple".
De este manera, desde ADDA solicitan que la Consejería de Educación "cumpla" la ley y "tenga en cuenta" al colectivo de personas con discapacidad, "cumpliendo, además, con la promesa realizada". "Un compromiso que ni siquiera supone un trato de favor al colectivo, sino que responde a actuar dentro de la normativa que ellos mismos elaboraron, aprobaron en el Parlamento, publicaron en BOJA el 25 de septiembre 2017 y es de obligado cumplimiento desde el 24 de octubre de 2017".
Por último, los docentes afectados señalan que en la última reunión con la Junta el pasado 3 de julio, la viceconsejera de Educación, Elena Marín, "se comprometió con la asociación a valorar la correcta ejecución de la ley en lo referente a las bolsas docentes". Sin embargo, "a fecha de hoy estamos a la espera del informe jurídico al que tanto la consejera de Educación como la viceconsejera se han agarrado para justificar el desarrollo de la Orden 18/06/2018".
"En julio Gaya volvió a acogerse a ese informe jurídico favorable a la Junta para vulnerar los derechos de los docentes con discapacidad, además de anunciar la petición de otro informe a servicios ajenos para asegurarse, aunque nadie sabe ni ha visto dichos informes jurídicos", concluye ADDA.
