SEVILLA, 17 Abr. (EUROPA PRESS) -
Ecologistas en Acción ha denunciado que la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir (CHG) no cumple con la Ley de Transparencia puesto que "se niega a facilitar el acceso electrónico a la documentación durante el periodo legal de información pública".
En una nota, los ecologistas han denunciado esa actitud discriminatoria, primero a la propia CHG y luego al Defensor del Pueblo estatal.
Ecologistas en Acción ha lamentado que este hecho "obliga a desplazarse a Sevilla a personas que viven a cientos de kilómetros de la capital".
Este colectivo considera que "la interpretación particular de la Ley de Transparencia por parte de la CHG obliga a que las personas que quieran consultar alguna documentación que se encuentre en periodo legal de información pública, se vean forzados a desplazarse a Sevilla, en horario de oficina", hecho que supone "un gran esfuerzo para quienes viven a cientos de kilómetros de la capital andaluza (más de 400 kilómetros en el este granadino o almeriense) y quieren revisar cualquier actuación que se proyecte al lado de su casa y que afecte a ríos, arroyos o aguas subterráneas de dominio público".
Ha explicado que "al acudir en persona a las oficina de Sevilla sí se les facilita una copia en formato digital".
Por todo ello, Ecologistas en Acción ha reclamado mayor transparencia en numerosas ocasiones "pero, sin embargo, la CHG considera opcional la Ley de Transparencia", toda vez que, "alega que es una norma genérica o transversal, se entiende de aplicación solo a falta de una regulación expresa por parte de la norma sectorial, en este caso la legislación de aguas".
"La CHG llega a afirmar que la información pública se realizará 'únicamente' mediante anuncio, haciendo incluso de la información pública un trámite discrecional", se lamentan los ecologistas.
Este colectivo ha resaltado que "no piensa lo mismo el Defensor del Pueblo estatal, que ha solicitado varias veces a la CHG que deben cumplir la Ley de Transparencia, ya que la ley se dicta, entre otros títulos competenciales, al amparo de lo dispuesto en los artículos 149.1.1a y 149.1.18a de la Constitución, es decir, la regulación de las condiciones básicas que garanticen la igualdad de todos los españoles en el ejercicio de los derechos; y las bases del régimen jurídico de las administraciones públicas que, en todo caso, garantizarán a los administrados un tratamiento común ante ellas".
En ese punto, los ecologistas han apuntado que el Defensor "ha afirmado que la legislación sobre aguas en ningún caso puede invocarse o interpretarse para restringir el alcance o el ejercicio de derechos reconocidos con carácter básico", que además tiene su encaje en el artículo 105.b) de la Constitución. Por último, según Ecologistas, el Defensor "pregunta directamente a la CHG tiene previsto adoptar alguna medida para garantizar el derecho de participación electrónica de la ciudadanía".
Ecologistas en Acción Andalucía considera que la CHG "pisotea los derechos ciudadanos de la mayoría de la población de su cuenca", por lo que ha trasladado la resolución del Defensor del Pueblo a la ministra de Agricultura y Pesca, Alimentación y Medio Ambiente, Isabel García Tejerina, pidiéndole que obligue a la CHG a cumplir con sus obligaciones legales.
Considera que "si al final se logra que la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir cumpla lo dispuesto en la Ley de Transparencia, se habrá conseguido equiparar los derechos constitucionales de acceso a la información pública y participación ciudadana de toda la ciudadanía que habita en cuenca del Guadalquivir, independientemente de la distancia a Sevilla de su lugar de residencia".
