El Estatuto de funcionarios afectará a 460.150 empleados publicos de Andalucía, un 18,8 por ciento del total nacional

SEVILLA 14 Jun. (EUROPA PRESS) -

El anteproyecto de ley del Estatuto de la Función Pública firmado por el Gobierno y los sindicatos CC.OO., UGT y CSI-CSIF en un acto celebrado en el Palacio de La Moncloa que estuvo presidido por el jefe del Ejecutivo, José Luis Rodríguez Zapatero, afectará a 460.150 empleados públicos en Andalucía, un 18,8 por ciento del total nacional, cifrado en 2.436.172 empleados públicos.

Según informaron a Europa Press fuentes del Ministerio de Administraciones Públicas, en la Comunidad andaluza existen 84.000 empleados de la Administración del Estado; 242.000 empleados públicos de la Comunidad autónoma; 115.000 personas dependientes de la Administración Local; y 18.000 personas que forman parte del personal de las universidades andaluzas.

Por provincias, de estos 460.150 personas, en Almería existen 33.900 empleados públicos; en Cádiz, 74.500; en Córdoba, 44.800 personas; en Granada, 55.800; en Huelva, 31.500 empleados públicos; en Jaen, 37.400 personas; en Málaga, 70.100 empleados públicos; y en Sevilla, 111.700 personas.

En el conjunto del Estado, de los más de 2,4 millones de empleados públicos que existen, 546.000 pertenecen a la Administración del Estado; 1.223.000 a las comunidades autónomas; 572.000 personas a las administraciones locales; y 94.000 a las universidades.

En nombre del Gobierno suscribió ayer el acuerdo el ministro de Administraciones Públicas, Jordi Sevilla, mientras que por parte sindical plasmaron su firma en el documento el secretario general de la Federación de Administraciones Públicas de UGT, Julio Lacuerda, el coordinador del área pública de CC.OO., Enrique Fossoul, y el presidente de CSI-CSIF, Domingo Fernández.

El Estatuto de la Función Pública regulará las condiciones laborales y los derechos y deberes de casi 2,5 millones de empleados públicos. El Gobierno prevé llevar próximamente esta norma al Consejo de Ministros para su aprobación, momento en el que será remitida al Parlamento con la pretensión de que entre en vigor a principios del próximo año.