Descarta menciones al "bote" y los descuentos en la comisión ejecutiva y este miércoles comienzan a comparecer los peritos
SEVILLA, 2 Abr. (EUROPA PRESS) -
Durante el juicio que celebra la Audiencia de Sevilla contra el ex secretario general de UGT-A Francisco Fernández Sevilla y otros cuatro antiguos responsables de la organización sindical, por presunto delito continuado de fraude de subvenciones en concurso con un delito continuado de falsedad en documento mercantil; la que fuera secretaria de Empleo y Formación del sindicato Pepa Castillejo ha testificado que ella cobraba "en metálico" los anticipos ligados a su cargo y que lo hacía de manos de UGT-A, negando así que cobrase de la supuesta empresa satélite de la entidad, pese a que así figura en la documentación de la misma.
Así lo ha asegurado este agente durante su comparecencia como testigo en este juicio promovido contra el ex vicesecretario de Organización y ex secretario general del sindicato Francisco Fernández Sevilla; el que fuera secretario general de Administración de UGT-A, Federico Fresneda; la ex secretaria de Gestión Económica, María Charpín; la ex responsable del departamento de Compras de UGT-A, Dolores Sánchez; el consejero delegado de la entidad Soralpe I Mas P Asociados S.L., Enrique Goicoechea; y diez personas que actuaron como proveedores del sindicato a través de las empresas que representaban.
Pepa Castillejo, otrora secretaria de Empleo y Formación de UGT-A y miembro de la comisión ejecutiva de la entidad, ha explicado que merced a las funciones de su puesto, contaba con una serie de "anticipos" para hacer frente a "los gastos asumidos" en el cargo, como frecuentes desplazamientos por la geografía andaluza en su vehículo particular, dietas o pernoctaciones. "Andalucía es muy grande y te das cuenta de eso cuando tienes un cargo regional", ha dicho, exponiendo que incluso tuvo que "cambiar el motor" de su turismo marca Audi.
LA "FUNCIÓN" DE LOS ANTICIPOS Y "LO QUE SOBRABA"
Se trataba, según ha insistido, de gastos que ella no podía pagar por adelantado con su "sueldo de funcionaria base", asegurando que cubrir tales costes "era la función" de los mencionados anticipos, respecto a los cuales posteriormente presentaba las correspondientes facturas para justificar los gastos y "si sobraba algo" de la cuantía adelantada ya se cuadraba al mes siguiente, según ha dicho.
A preguntas del fiscal Fernando Soto, Pepa Castillejo ha expuesto además que dichos anticipos los cobraba "en metálico" de la mano de "un empleado de la Secretaría de Administración" de UGT-A, que "no tenía por qué ser el mismo" cada mes.
En ese sentido, ha negado que ella cobrase de la sociedad Soralpe, que según la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil habría funcionado como empresa instrumental de UGT-A.
Soralpe, según testificaba en el juicio un comandante de la UCO encargado de la investigación, habría pagado "determinadas cantidades" de entre 900 y 3.000 euros con carácter "mensual" o "anticipos" a responsables de UGT Andalucía como Pepa Castillejo o Dionisio Valverde, figurando además con cargo a esta entidad un "viaje a Dublín" (Irlanda) de la responsable de UGT Andalucía María Navarro o un Viaje de Manuel Pastrana a Costa Rica. Ello, sin que según este investigador consten devoluciones de los beneficiarios de las cantidades.
LA DOCUMENTACIÓN DE SORALPE
Al respecto, el fiscal ha mostrado a esta antigua secretaria de Empleo y Formación de UGT la documentación contenida en un disco duro intervenido por los agentes a Soralpe, con menciones a "anticipos" a dirigentes del sindicato como Federico Fresneda o ella misma, con pagos "todos los meses", reconociendo Pepa Castillejo que dichas anotaciones en la documentación aluden a ella.
Empero, ha asegurado que a ella le "daba el dinero" de los anticipos "un empleado de la Secretaría de Administración", área del sindicato que dirigía el acusado Federico Fresneda.
De otro lado, Pepa Castillejo ha asegurado que durante las sesiones de la comisión ejecutiva de UGT-A, de la que ella formaba parte, nunca escuchó menciones a los descuentos o "rápel" de los proveedores del sindicato al mismo por determinados volúmenes de compra durante periodos concretos, extremo no comunicado a la Junta de Andalucía como responsable de la fiscalización de las ayudas autonómicas sobre las que se sustentaban estos gastos en cuestión.
LOS DESCUENTOS Y EL BOTE
Tampoco hubo alusiones en las sesiones de la comisión ejecutiva, según ha dicho, al "bote" económico que según la UCO, la Fiscalía y el juez instructor Juan José Vélez, habría cosechado el sindicato al "concertar" supuestamente con algunos de sus proveedores un sistema de "facturas fraudulentas o falsas" con cargo a las subvenciones autonómicas, inflando el importe de tales facturas a la hora de la justificación de gastos para obtener un excedente con el que sufragar gastos no imputables a las ayudas.
"Eso lo escuché después, cuando salió en la prensa", ha asegurado respecto a ambos aspectos, defendiendo en cualquier caso que las acciones formativas sufragadas por la Junta de Andalucía fueron desplegadas y acometidas merced a la "programación" acordada en materia de cursos. "Por favor que sí se realizaron correctamente", ha enfatizado.
Una nueva sesión así de este juicio, que previsiblemente este miércoles afrontará una nueva fase, con la comparecencia de los primeros peritos previstos en el calendario de declaraciones.
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