"Es imposible alegar desconocimiento de las ayudas por parte del Consejo de Gobierno", según Anticorrupción
SEVILLA, 6 Nov. (EUROPA PRESS) -
La Fiscalía Anticorrupción ha manifestado este martes las ayudas a trabajadores de los expedientes de regulación de empleo (ERE) fraudulentos que concedió la Dirección General de Trabajo de la Consejería de Empleo "difícilmente" pueden responder al concepto de ayudas asistenciales, rechazando así las tesis de algunas defensas, cuando el propio sistema de concesión permitía que un consejero de Empleo, como es el caso de Antonio Fernández, pudiera figurar como beneficiario en una póliza de renta colectiva, en concreto en la del ERE de González Byass.
Así lo ha puesto de manifiesto el fiscal Juan Enrique Egocheaga durante la sesión de este martes del juicio que celebra la Audiencia Provincial de Sevilla contra 21 ex altos cargos de la Junta acusados de prevaricación y malversación por el procedimiento específico de concesión de las ayudas sociolaborales a trabajadores y a empresas en crisis en los ERE, jornada en la que el Ministerio Público ha ido desgranando la participación de cada uno de los acusados en los hechos juzgados durante el periodo investigado.
Sobre Antonio Fernández, viceconsejero desde el año 2000 hasta el 2004 y posteriormente consejero hasta 2010, el fiscal ha señalado que fue "protagonista" del propio sistema de los ERE porque "llegó a constar en la póliza del ERE de González Byass", aunque la defensa de Fernández durante el plenario aseguró que nunca recibió la ayuda.
"No se trata de determinar si lo cobró o no, si tenía derecho o no como trabajador en excedencia de la misma, sino de destacar que el sistema permitía que un consejero de Empleo pudiera figurar como prejubilado en una póliza de renta colectiva. Difícilmente puede responder esto a un concepto de ayuda asistencial como alegan algunas defensas", ha explicado la Fiscalía.
En su opinión, Fernández tuvo un "total conocimiento" de que el uso de las transferencias de financiación suponía "la sustracción" de la fiscalización previa sobre las ayudas, así como de la "opacidad" del sistema que "se estaba construyendo".
Fue receptor y tuvo conocimiento del informe adicional de Control Financiero Permanente de IFA/IDEA del ejercicio de 2003, conocido en 2005, que recogía una serie de irregularidades como el déficit generado en la empresa pública por la asunción de compromisos en la Dirección General de Trabajo por encima del dinero presupuestado en las transferencias de financiación; el uso inadecuado de esta herramienta presupuestaria para pagar las subvenciones o la falta de control previo de las ayudas.
"A pesar de conocer las graves deficiencias, nada cambió en su proceder en el ejercicio de sus competencias", ha dicho el fiscal sobre Fernández, quien, tras conocer diferentes informes realizados en la Dirección General de Trabajo con la llegada de Juan Márquez en 2008, "no hizo nada ni dio ninguna orden para el reintegro de las ayudas, sino que siguió permitiendo el procedimiento específico como así lo definió el propio exconsejero".
"Frente a la pretensión de Fernández de situarse al margen de la concesión de las ayudas", el fiscal ha señalado que sí ha quedado constatado que "participó" en ayudas concretas como en Santana, Faja Pirítica o Primayor, una participación que la Fiscalía también refiere con respecto al exviceconsejero de Empleo Agustín Barberá.
Además, Fernández era "conocedor" de que el director general de Trabajo "no tenía competencias para dar las ayudas salvo delegación expresa que no existe hasta la Orden de 2010 de concesión de ayudas, tras recomendación del despacho Garrigues".
Sobre Barberá, viceconsejero con Antonio Fernández, la Fiscalía ha señalado que tuvo conocimiento "perfecto" del informe adicional de 2003, cuyas alegaciones por Empleo realizó y tras lo que participó en reuniones en 2005 con el ex interventor general Manuel Gómez, el ex director general de Presupuestos Antonio Vicente Lozano, el ex director general de Trabajo Francisco Javier Guerrero y la exviceconsejera de Hacienda Carmen Martínez Aguayo sobre el uso de las transferencias y la tramitación de las ayudas, aunque "nada cambió".
GUERRERO "PRODUJO" EL DÉFICIT EN IDEA
El primero de los acusados cuya actuación ha sido pormenorizada ha sido Guerrero, quien, para la Fiscalía, "ponía sobre la mesa de sus viceconsejeros y consejeros cuánto dinero era necesario para solventar las crisis laborales", como él mismo declaró, en relación a la elaboración del anteproyecto de presupuesto de la Consejería.
"Es imposible alegar desconocimiento de las ayudas por parte del Consejo de Gobierno", según la Fiscalía, pues Guerrero declaró en fase de instrucción que "recibió indicaciones" del exconsejero de Empleo José Antonio Viera para ayudas a empresas de la Sierra Norte de Sevilla o de Barberá para Delphi, incluso "Manuel Chaves se interesó" por el conflicto de Bilore.
Guerrero, la persona que acuñó el término 'fondos de reptiles' para el dinero del 31L destinado a las ayudas, fue quien "produjo el déficit en IFA/IDEA", dio "órdenes directas" de pagos cruzados a las aseguradoras para pagar unas pólizas con dinero destinado al pago de otras, generando "un mayor déficit y oculto para el ente público". Además, declaró que estos pagos eran conocidos por "el consejero y viceconsejero".
Tras enumerar algunas ayudas con la presencia de intrusos, familiares de Guerrero o para fines distintos y ajenos al previsto en el 31L, como las concedidas a empresas de su exchófer, la Fiscalía ha mostrado su "total disconformidad" con la tesis de la defensa del ex director general de que las ayudas fueron concedidas al amparo de la normativa estatal (órdenes ministeriales de 1994 y 1995), pues "no existe paralelismo alguno".
Con respecto a Viera, consejero de Empleo entre los meses de abril de los años 2000 y 2004, el fiscal Manuel Fernández ha señalado que, tras los reparos del interventor delegado en Empleo a las ayudas de Hamsa en el año 2000, "conoció la puesta en marcha de otra forma de proceder que evitara estos problemas", usando para ello las transferencias de financiación a IFA/IDEA para el pago de las ayudas concedidas por la Dirección General de Trabajo, quedando reflejado en el convenio marco de 2001, que Viera suscribió como titular de la Consejería.
Precisamente y aunque Viera centra la elaboración de este convenio en su equipo de trabajo, para la Fiscalía esto "no soporta la mínima lógica porque era el máximo responsable de la Consejería y se contradice con lo dicho en instrucción por Guerrero, Fernández y el ex secretario general técnico de Empleo Juan Francisco Sánchez".
"Su intervención en la concesión de las ayudas se deduce de la prueba practicada y la documental obrante", ha señalado la Fiscalía, como la campaña de publicidad del Servicio de Emergencias 112 financiada con fondos de los ERE, suscrita por Viera, o en las ayudas a empresarios de la Sierra Norte sevillana.
Frente a la indefinición de las actuaciones alegada por su defensa, la Fiscalía ha indicado que las conclusiones definitivas recogen un relato de los hechos de cómo se articuló el procedimiento específico y el papel de cada uno de los encausados en los hechos delictivos.
