SEVILLA, 1 Feb. (EUROPA PRESS) -
El delegado del Gobierno de España en Andalucía, Pedro Fernández, ha exigido este martes a la Junta de Andalucía que "le explique al 86% de los jóvenes andaluces por qué no quiere que puedan desarrollar un proyecto vital, acceder a una vivienda en alquiler", ya que, según ha sostenido, su "oposición frontal a la Ley por el Derecho a la Vivienda es impedir a 1,8 millones de jóvenes andaluces entre 18 y 35 años que puedan emanciparse".
En un comunicado, el delegado del Gobierno se ha pronunciado así después de que el Ejecutivo andaluz haya anunciado que está dispuesto a recurrir ante el Tribunal Constitucional el proyecto de Ley por el derecho a la vivienda cuya tramitación ha iniciado este martes el Consejo de Ministros, si "invade competencias" de la comunidad autónoma.
Pedro Fernández ha remarcado que "Andalucía tiene la tasa de emancipación más baja de España, según los datos del Plan de Familias Andalucía 2020-2025 de la Junta de Andalucía, con un porcentaje para los que tienen entre 16 y 29 años del 14%", lo que significa, ha continuado, que "es necesario adoptar medidas que permitan incrementar dicho porcentaje y aumentar el número de andaluces que pueden iniciar un proyecto de vida".
Por ello, el delegado ha defendido que una de las "medidas fundamentales" incluidas en la citada Ley por el Derecho a la Vivienda es la regulación del precio del alquiler dirigida a las personas jurídicas que sean grandes tenedores, es decir, aquellos con más de diez viviendas. La nueva norma establece que deberán bajar por ley los alquileres en base al índice de referencia para todos los contratos en las zonas de mercado tensionadas.
En este punto, el delegado ha comentado que "serán las comunidades autónomas quienes soliciten al Gobierno la declaración de estas zonas, por un tiempo máximo de tres años", por lo que ha considerado que "la Junta de Andalucía cuenta con una herramienta fundamental para aumentar las oportunidades de la ciudadanía para acceder a una vivienda".
"La vivienda no puede suponer una condena a la pobreza o una losa para que los jóvenes no puedan cumplir sus sueños", ha defendido el delegado del Gobierno, que ha confiado en que la norma "alcance el máximo apoyo en su debate parlamentario por tratarse de un asunto de interés general en el que todos tenemos la obligación de entendernos".
En el caso de pequeños propietarios, desde el Gobierno de España han destacado que recibirán una bonificación fiscal en sus ingresos del 50% por alquilar la vivienda, bonificación que puede ser de hasta el 90% si se rebaja el alquiler en zona tensionada, y del 70% si se alquila la vivienda a jóvenes.
Por otro lado, se establece un impuesto a la vivienda vacía a través del recargo del IBI, fiscalidad que se encargarán de recaudar los ayuntamientos, y se establece un porcentaje mínimo del 50% para vivienda protegida en alquiler dentro del suelo de reserva para vivienda protegida.
Asimismo, se clarifica la posibilidad de que la legislación urbanística pueda establecer una reserva del 30% en suelo urbanizado, debiendo articular las administraciones urbanísticas los mecanismos de compensación que sean pertinentes a los afectados, sin que ello implique el establecimiento de la obligación de implantar esta medida a las comunidades autónomas.
"Hoy damos un nuevo paso adelante por el compromiso que adquirimos de no dejar a nadie atrás, de emprender políticas por una recuperación justa, reforzando lo público, ampliando el Estado de Bienestar y aumentando los recursos dirigidos a los derechos de los ciudadanos", ha concluido Fernández.
