GRANADA, 14 Feb. (EUROPA PRESS) -
La portavoz del PP en política medioambiental en el Parlamento andaluz, Carolina González Vigo, pedirá mañana a la consejera de Medio Ambiente, Fuensanta Coves, "responsabilidades políticas" por la pérdida de 527 hectáreas dentro del Parque Natural de la Sierra de Castril, tras la sentencia firme dictada por la Audiencia de Granada otorgando la titularidad de los terrenos a un particular, Rafael Aibar.
En rueda de prensa, González señaló que solicitará a la consejera que esclarezca la actuación de la Junta en este litigio, que comenzó en noviembre de 1999, en la comparecencia parlamentaria de Coves mañana en la Cámara andaluza a petición del PP, anunciando que si no le satisface dicha comparecencia pedirá una comisión de investigación sobre el tema.
Para la parlamentaria del PP, la Junta está dando "un espectáculo bochornoso" desde que el propietario de las tierras --según la sentencia de la Audiencia Provincial notificada a las partes el pasado mes de diciembre-- la hiciera pública y denunciara ante los medios de comunicación que Medio Ambiente había "gestionado" una inversión de nueve millones de euros para proyectos en estos terrenos que no se han llegado a ejecutar.
Según González Vigo, la Junta de Andalucía se ha negado a dar información que le ha solicitado el PP desde mayo de 2005, por lo que se preguntó si esta "habitual práctica" se produce porque tienen "algo que ocultar".
Además, manifestó que la consejera ha actuado en este tema como "un convidado de piedra", al tiempo que consideró "inadmisible" que la Junta conociendo que la finca era de titularidad privada, publicara en el BOJA un decreto ampliando la protección de la zona. "Han intentado mentir para ocultar que han sido incapaces de defender lo público", apuntó González Vigo.
Sobre las declaraciones de la consejera que aseguraba que recurriría al Tribunal Supremo la sentencia nada más conocerse, la parlamentaria popular dudó de que dicho recurso se haya presentado y aprovechó para recordar que la Junta ya recurrió a la Audiencia que desestimó el recurso por estar fuera de plazo.
En este punto, González Vigo explicó que la Junta intentó aducir que la notificación de la sentencia había llegado tarde y que por eso no la recurrían en tiempo y forma, entregando a la Audiencia un documento con una firma y un sello, que la misma instancia consideró "sospechoso", por lo que, según afirmó, "tendrá que explicar si es falsificación de documento público".
En la fotocopia presentada por la Junta a la Audiencia figuraba la fecha del 25 de abril como el día en el que la administración recibió la notificación de la sentencia, cuando la misma se comunicó un día antes, según señaló la parlamentaria del PP como se puede comprobar en el acuse de recibo del funcionario que hizo llegar la sentencia a la Junta.
En relación a la acusación pública lanzada por el propietario de la finca sobre los nueve millones de euros no invertidos, la parlamentaria popular se preguntó por qué el delegado de Medio Ambiente no ha respondido aún y por qué no se querella contra el propietario si las acusaciones no son ciertas.
Además, mostró documentos que, según informó, constatan que ha habido proyectos de inversión, pero que no se han llegado a producir los trabajos para su ejecución.
