SEVILLA, 3 Oct. (EUROPA PRESS) -
La sesión de este miércoles del juicio que se celebra en la Audiencia Provincial de Sevilla contra 22 ex altos cargos de la Junta por el procedimiento específico por el que se concedían las ayudas sociolaborales a trabajadores y a empresas en crisis en los expedientes de regulación de empleo (ERE) fraudulentos entre los años 2001 y 2010 ha estado marcado por las preguntas de la acusación del PP-A a los peritos de auxilio judicial propuestos por la Intervención General de la Administración del Estado (IGAE) sobre la participación y conocimiento de cada uno de los enjuiciados en los hechos objeto de la causa.
Antes de finalizar el interrogatorio a los nueve peritos participantes en la prueba pericial conjunta, el abogado del PP-A ha cuestionado si, a pesar de los "reiterados" informes de la Intervención General de la Junta y de la memorias de Control Financiero Permanente, conocen los peritos de la IGAE que alguno de los acusados adoptaran "algún acuerdo o resolución con anterioridad al año 2009 cuyo efecto fuese poner fin a la concesión de subvenciones que venía otorgando la Consejería de Empleo, prescindiendo del procedimiento legalmente establecido, y pagadas por el Instituto de Fomento de Andalucía (IFA), posterior Agencia de Innovación y Desarrollo de Andalucía (IDEA), con un crédito inadecuado como son las transferencias de financiación".
"No conocemos", ha respondido Ángel Turrión, jefe del equipo de peritos de la IGAE. A continuación, el letrado del PP-A ha expuesto que el artículo 27.13 de la Ley del Gobierno de la Junta de Andalucía atribuye al Consejo de Gobierno, como máximo órgano de gobierno de la Junta, la competencias para dictar directrices vinculante al cualquier órgano de la Administración autonómica.
"A la vista del conocimiento individual de los consejeros acusados de los informes de la Intervención General y del conocimiento conjunto de las memorias de Control Financiero Permanente de la propia Intervención que acompañaba al plan anual de Control Financiero Permanente de las empresas públicas que aprobaba el Consejo de Gobierno de los años 2004, 2005, 2006, y al amparo de dicho artículo 27.13, podía y debía el Consejo de Gobierno haber dictado las directrices vinculantes a las consejerías de Hacienda, de Empleo, de Innovación y a IFA/IDEA para impedir el uso inadecuado de las transferencias de financiación para el pago e subvenciones otorgadas por la Dirección General de Trabajo prescindiendo total y absolutamente del procedimiento legalmente establecido", ha preguntado Luis García Navarro, abogado del PP-A, a los peritos de la IGAE.
"Sí, en base al contenido del artículo, parece que sí debieron, pero no hemos abordado este asunto en nuestros informes. Debían haber actuado, aunque no conocemos actuación adoptada al respecto, más allá de los propios planes de Control Financiero Permanente anuales, es decir, nos referimos a actuaciones de tipo inmediato y concreto", ha expuesto Turrión.
A este respecto, Juan Zornoza, perito propuesto junto a Miguel Ángel Martínez Lago por la defensa del expresidente de la Junta José Antonio Griñán y el ex director general de Presupuestos Antonio Lozano, ha explicado que, en base al decreto 9/1999 sobre régimen presupuestario, financiero, de control y contable de las empresas de la Junta de Andalucía, "nada hicieron las personas acusadas porque nada les era exigibles. Nada tenían jurídicamente el deber de hacer".
"Cuando recibieron --en Consejo de Gobierno-- las memorias de la Intervención General sobre el Control Financiero Permanente, hicieron lo que les propusieron que hicieran", ha añadido Zornoza.
El PP-A ha preguntado por el conocimiento y actuación de los 22 altos cargos acusados. El interrogatorio de esta acusación particular, que ha finalizado este miércoles, ha generado en ciertos momentos las protestas de los abogados de las defensas por las preguntas formuladas, sobre todo, cuando se ha centrado en los responsables de Hacienda y expresidentes.
Así, por ejemplo, Turrión ha señalado que "es cierto" que el ex director general de Trabajo Francisco Javier Guerrero otorgó las subvenciones "de todo tipo", según la pregunta del PP-A, con el uso "inadecuado" de las transferencias de financiación y la ausencia de fiscalización previa, pero "no puede afirmar que fuera a sabiendas de que no tenía competencias" para hacerlo.
"Sí, si asistió", ha sido la respuesta más repetido de Turrión ante la preguntas de si los acusados, en sus respectivos cargos, aprobaron las modificaciones presupuestarias o los anteproyectos de presupuestos con las transferencias de financiación con cargo al programa presupuestario 31L incluidas.
LAS TRANSFERENCIAS "NO SON INADECUADAS"
Zornoza ha vuelto a "advertir" de que "no es cierto" que las transferencias de financiación "sean inadecuadas", así como que "tampoco impiden la fiscalización previa de los expedientes de subvención". Era "posible" si el órgano gestor, la Dirección General de Trabajo, "hubiera tramitado y pasado al interventor delegado en Empleo los expedientes". Además, ha asegurado que las modificaciones presupuestarias aprobadas durante el periodo investigado "fueron perfectamente legales, con los trámites precisos por los órganos competentes", algo que ha compartido Juan Ramallo, perito propuesto por Magdalena Álvarez.
Para Zornoza, "a la vista de lo escuchado en este juicio, nadie va a querer ser ministro de Hacienda, sino que todos van a querer ser directores generales de Presupuestos, porque son los que mandan en todo", precisando que "tramitar" las modificaciones "no supone tomar decisiones".
"¿Debería haber sabido Magdalena Álvarez que las transferencias de financiación eran inadecuadas para pagar las subvenciones?", ha preguntado el PP-A a Turrión. "Todas las autoridades estamos a obligados a saber las normas que nos rigen, pero no podemos conocerlo todo. Debería saberlo", ha afirmado.
Otro de los puntos de interés del interrogatorio ha sido si Griñán conoció el informe adicional, que no está reglado, del Control Financiero Permanente de IFA/IDEA del ejercicio de 2003 realizado en 2005 y en el que se señalaba el "uso inadecuado" de las transferencias de financiación y que se estaban dando subvenciones "prescindiendo total y absolutamente del procedimiento legalmente establecido".
GRIÑÁN "DEBIÓ PONER FIN AL USO DE LAS TRANSFERENCIAS"
Turrión ha leído el oficio del ex interventor general a la exviceconsejera de Hacienda Carmen Martínez Aguayo en el que se le adjunta dicho informe, pero en el mismo no recoge que se traslado y conocimiento al titular del ramo, José Antonio Griñán. Es cierto que cita el artículo 23.3 del decreto 9/1999, que hace referencia a que se dará traslado al consejero de los informes de cumplimiento de Control Financiero Permanente, pero no menciona los informes adicionales, que no están reglados.
Para el jefe de los peritos de la IGAE, Griñán, que como miembro del Consejo de Gobierno conoció las memorias de la Intervención General sobre Control Financiero Permanente, en las que según la IGAE, recogía "problemas graves" derivados del uso de las transferencias de financiación, "debió poner fin al uso de las transferencias", pues la Ley General de Hacienda Pública otorga al titular de Hacienda "elaborar el presupuesto y velar por la ejecución del mismo"; y "no conocemos actuación alguna al respecto".
Además, como consejero de Hacienda "debió" proponer modificaciones presupuestarias al Consejo de Gobierno para "impedir" el uso de las transferencias de financiación, "dadas que las irregularidades eran de entidad".
