Imputadas 26 personas por realizar edificaciones en suelo no urbanizable y protegido en Mengíbar

JAÉN 6 May. (EUROPA PRESS) -

La Guardia Civil de Jaén ha imputado a 26 personas por un delito contra la ordenación del territorio por construir viviendas en suelo no urbanizable y en zona de protección del río Gualdabullón en el municipio jiennense de Mengíbar.

Según informó hoy el Instituto Armado en un comunicado, las actuaciones forman parte de la operación 'Mosquito', enmarcada en las investigaciones que realiza en la provincia para el control de las edificaciones en terrenos no autorizados.

A partir de una denuncia presentada en la Comandancia de la Guardia Civil por edificaciones dentro de la mesta del río Guadalbullón a su paso por Mengíbar sin la correspondiente licencia urbanística municipal, el Equipo de Delitos Urbanísticos de la Unidad Orgánica de Policía Judicial desarrolló la Operación 'Mosquito', centrada en el núcleo urbanístico ilegal en el paraje conocido como 'El Molino' y que aún continúa abierta.

Según las normas subsidiarias del planeamiento urbanístico de Mengíbar, esta zona está clasificada como suelo no urbanizable y le afectan dos protecciones especiales. Además, goza de la protección especial que le otorga la Ley de Aguas al encontrarse afectada por la zona de policía del cauce.

Así las cosas y como consecuencia de las inspecciones practicadas, se pudo comprobar que ninguna de las edificaciones y construcciones existentes en el lugar contaba con la licencia de obras. En concreto, el núcleo urbanístico de 'El Molino' está constituido en dos comunidades de propietarios y suma un total de 76 parcelas.

De esta cifra, 26 propietarios fueron imputados por un supuesto delito contra la ordenación del territorio por haber llevado a cabo la promoción y construcción de edificaciones careciendo de la licencia de obras, por lo que fueron puestos, junto con las diligencias instruidas, a disposición de la autoridad judicial.

El resto de los dueños no fueron imputados penalmente en tanto ha prescrito el plazo que establece el vigente Código Penal para este tipo de delitos, si bien se ha denunciado su situación irregular ante la Junta de Andalucía.