LA GUARDIA (JAEN), 5 Ene. (EUROPA PRESS) -
El alcalde de la localidad jiennense de La Guardia, Juan Morillo (PP), manifestó hoy que la denuncia por prevaricación contra el ex primer edil y coordinador del Instituto Andaluz de la Juventud (IAJ), Juan Ramón Romero, se interpuso con el fin de "preservar los intereses del Ayuntamiento".
En declaraciones a Europa Press, Morillo afirmó que "esperaba" la sentencia condenatoria si bien puntualizó que "no es que se buscase una condena, sino preservar los intereses del Ayuntamiento, que estaban mermados por la permuta que firmó".
En este sentido, el alcalde de La Guardia concretó que el Consistorio "ha estado abierto en todo momento para solucionar el problema" porque, según destacó, "una sentencia así no es agradable".
Así, Morillo insistió en que las actuaciones del equipo de Gobierno siempre estuvieron dirigidas "hacia velar por los intereses municipales", que "se vieron perjudicados" por la operación condenada.
El ex alcalde de La Guardia (Jaén) y coordinador provincial del IAJ ha sido condenado a siete años de inhabilitación de cargo y empleos públicos por un delito de prevaricación en una permuta urbanística cuando era alcalde de la localidad.
En declaraciones a Europa Press, Romero anunció que va a recurrir la sentencia ante la Audiencia Provincial de Jaén al tiempo que defendió su inocencia, por lo que aseguró que llegará "hasta las últimas" instancias para demostrarla y evidenciar que "el actual alcalde, Juan Morillo (PP), ha tergiversado los hechos", según adelantó hoy Diario Jaén.
Así las cosas, el ex alcalde de La Guardia precisó que ha puesto hoy su cargo del IAJ a disposición de la Consejería para la Igualdad y Bienestar Social de la Junta de Andalucía, que ya está estudiando su petición y se pronunciará al respecto a partir de la próxima semana.
No obstante, puntualizó que continuará en la portavocía del grupo municipal socialista en el Ayuntamiento de La Guardia, ya que la sentencia no es firme, decisión que se adoptó ayer por unanimidad de los miembros de la ejecutiva local del partido, según precisó.
LOS HECHOS
Según el PP, el 13 de junio de 2003, cuando Romero estaba a punto de ceder la Alcaldía al PP tras las elecciones municipales del 25 de mayo, el todavía alcalde en funciones ordenó y firmó la urbanización de un terreno perteneciente a un particular con el que el Consistorio había permutado unos terrenos.
En la denuncia reza que la resolución de Alcaldía "no se expuso en el pleno municipal" y que el convenio urbanístico es "lesivo para los intereses del Ayuntamiento" porque, según el PP, costea la urbanización de los terrenos de un particular.
De hecho, el pleno del Ayuntamiento aprobó declarar nulo el acto administrativo firmado por Juan Ramón Romero, quien, durante la instrucción, expresó su confianza en que el juez archivara finalmente el caso.
