JAEN, 4 May. (EUROPA PRESS) -
El presidente de la junta directiva de la comunidad de propietarios Huerto de San Roque de Linares (Jaén), Enrique J.R., declaró hoy ante el titular del juzgado de primera instancia e instrucción número uno de Linares que tiene todas las autorizaciones administrativas de la urbanización.
Fuentes cercanas al caso explicaron a Europa Press que Enrique J.R., una de las personas imputadas de un delito de estafa cometido supuestamente en la venta de unas parcelas de la citada comunidad, manifestó desconocer por qué no está activado hasta el momento los servicios de agua y luz en algunas de las parcelas y negó que la venta de las parcelas tuviera el fin de pavimentar su calle.
Además, expuso que la petición para autorizar la instalación de una depuradora se presentó a la Junta de Andalucía en el mes de abril del pasado año, pero que hasta el momento no se ha dado el visto bueno al proyecto y señaló que ésta es la causa del retraso de la obra. Asimismo, aseveró que la empresa constructora le informó de que hasta que no llegara la autorización de la depuradora "no se podía seguir".
En este mismo sentido apuntó que la "gratificación" que recibe de la comunidad de propietarios se debe al "tiempo que dedica a la comunidad" y sentenció que la empresa se relaciona con los nuevos propietarios es Jepecon.
Un grupo de 16 personas interpuso una demanda contra la entidad mercantil Jepecon Siglo XXI, la inmobiliaria Serna & Beltrán, la entidad mercantil Cooperativa de Transporte de Hormigón Vicálvaro Coptrahvi y la comunidad de propietarios 'Huertos de San Roque' por un supuesto delito de estafa en la venta de parcelas.
En la denuncia, los afectados exponen que durante las gestiones de compra, que se realizaron "sobre planos que no se corresponden con la realidad", se les indicó que la urbanización se encontraba en obras para llevar agua, electricidad, alcantarillado, asfaltado de carreteras y acerados y que el plazo de fin estaba fechado en el 15 de agosto del pasado año, si bien un mínimo de ocho parcelas sigue sin estos servicios.
Así, señalan que tanto el presidente de la comunidad como la constructora encargada de la obra mercantil "se negaron" a facilitar a los denunciantes documentación o información sobre los contratos y condiciones de ejecución de la obra, "hasta el punto de que la constructora ha desaparecido de su domicilio, dejando a los denunciantes en total desamparo".
A pesar de todo, el presidente y el representante de la comunidad cobraron a algunos compradores el IVA, aunque "no era el impuesto que procedía", pues "ni tan siquiera se tiene constancia de que hayan presentado las correspondientes liquidaciones de tales presupuestos a la Hacienda Pública", según constataron.
Además, exponen que desde hace más de un mes por la urbanización 'Huerto de San Roque' "no aparecen trabajadores de la constructora e incluso se ha retirado la maquinaria", de tal manera que a los denunciantes les resulta "imposible" localizarla.
Ante esta situación, acusan a los responsables del citado proyecto de un delito de estafa en concurso con otro de falsedad en documento mercantil mientras que el Ministerio Fiscal también ha iniciado la apertura de diligencias de investigación penal por estos hechos.
