SEVILLA, 6 Mar. (EUROPA PRESS) -
El ex director general de Trabajo y Seguridad Social Juan Márquez ha defendido este martes en el juicio que celebra la Audiencia de Sevilla por el procedimiento específico por el que fueron articuladas las ayudas de los expedientes de regulación de empleo (ERE) presuntamente fraudulentos, que las subvenciones concedidas desde su departamento durante su etapa se "ajustaban a la legalidad", porque no contaron con "reparo" alguno por parte de la Intervención y las "asistencias técnicas" contratadas no reflejaron ninguna "ilegalidad".
Juan Márquez, uno de los 22 ex altos cargos de la Junta de Andalucía acusados en este juicio, ha respondido este martes a las preguntas de su abogado defensor, después de que este pasado lunes no ratificase el contenido de su comparecencia judicial ante la juez Mercedes Alaya, instructora inicial de la macrocausa, los días 3 y 4 de julio de 2012. Y es que según Juan Márquez, dicha comparecencia se desarrolló durante "dos días intensos con jornadas de mañana y tarde con una presión muy fuerte".
En aquella comparecencia, Márquez manifestó a la juez Alaya, entre otras cosas, que no conocía el contenido expreso del convenio marco suscrito en 2001 entre la Consejería de Empleo y el entonces Instituto de Fomento de Andalucía (IFA) para que este último actuase como pagador de las ayudas sociolaborales a trabajadores afectados por reestructuraciones laborales, unas subvenciones que según la investigación no habrían contado supuestamente con la debida fiscalización y publicidad.
Y es que según el acta de su declaración ante la juez instructora inicial del caso, Márquez habría señalado que "no" le preocupaba el procedimiento de tramitación y concesión de las ayudas, porque estaba centrado en "los temas financieros", toda vez que habría recibido "indicaciones" por parte del entonces consejero de Empleo, Antonio Fernández, para "dar cobertura administrativa a los compromisos ya adquiridos", a lo que se suma que el propio Fernández le habría dicho que "donde no hubiera convenio, que lo hubiera".
Igualmente, en su declaración ante la juez Alaya, Márquez expuso que en 2009, a raíz de un informe encargado a la empresa consultora Garrigues que contó con un documento posterior del gabinete del consejero de Empleo, fue consciente de que el procedimiento que se había seguido para la tramitación de las citadas ayudas no fue "el adecuado", si bien rechazaba la idea de que hubiese intentos de evitar la preceptiva fiscalización de las subvenciones.
Ya este martes, ante las preguntas de su abogado defensor, Juan Márquez ha rememorado su "aterrizaje" en la Dirección General de Trabajo y Seguridad Social allá por abril de 2008, relevando a Francisco Javier Guerrero, también acusado en este juicio y quien había ejercido el cargo entre 1999 y 2008, periodo en el que se encuadra el citado y cuestionado convenio entre la Consejería de Empleo y el IFA.
"CONTINUAR CON EL TRABAJO"
Precisamente por ello, Márquez ha expuesto que su "cometido" principal fue "continuar con el trabajo" encargado a la Dirección General de Trabajo, que ya llevaba "ocho años" funcionando con un "programa presupuestario" y un modelo para la tramitación de ayudas excepcionales a trabajadores afectados por reestructuraciones laborales y subvenciones a empresas en crisis.
En ese sentido, ha recordado que Francisco Javier Guerrero, su antecesor al frente de la Dirección General de Trabajo y Seguridad Social, "estuvo concediendo ayudas con toda normalidad y el conocimiento de todo el mundo". Así, ha asegurado que cuando comenzó a ejercer su cargo, le "dijeron que había un programa establecido por la propia Ley de Presupuestos" de la Junta de Andalucía para las subvenciones en cuestión y centró su "atención" en "continuar" con el procedimiento ya estipulado, porque en 2008 había "reiteradas peticiones" de los colectivos laborales para "facilitar" las subvenciones y "poner cierta paz social" ante las crisis sufridas por no pocas empresas andaluzas.
Del mismo modo, ha recordado que la Intervención delegada de la Consejería de Empleo funcionaba en un despacho "contiguo" al suyo y de dicha instancia "nunca" le llegó ningún "reparo ni manifestación de que se estuviese haciendo algo ilegal". A tal efecto, ha opinado que la Intervención delegada de la Consejería de Empleo actuó partiendo de que "el modelo presupuestario era correcto" y a sabiendas de que "la Dirección General (de Trabajo) concedía las ayudas (sociolaborales y a empresas en crisis) e IDEA las pagaba", en referencia a la agencia en la que fue transformada el antiguo IFA.
En consecuencia, Juan Márquez ha indicado que nunca se planteó que las transferencias de financiación desde la Consejería de Empleo a IDEA pudiesen incurrir en "irregularidad" alguna, sobre todo porque nunca tuvo constancia de "reparos" al respecto.
EL INFORME DE GARRIGUES
Respecto al informe encargado en 2009 a la empresa consultora Garrigues sobre el procedimiento de tramitación de las subvenciones, ha explicado que durante su etapa al frente de la Dirección General de Trabajo fueron encargadas varias "asistencias técnicas" a empresas externas, siempre para "mejorar" en lo posible el procedimiento administrativo relativo a las subvenciones.
De las "conclusiones" de los informes emitidos por dichas empresas externas, según Márquez, nunca se desprendió ninguna "ilegalidad" ni fue "cuestionado el procedimiento administrativo". En "ninguno" de estos informes, según Juan Márquez, se instaba a "cesar en el procedimiento que desarrollábamos con normalidad" para las ayudas sociolaborales y a las empresas en crisis.
Al respecto, ha manifestado que siempre con el ánimo de "articular mejor el procedimiento", merced al "primer borrador" del informe encargado a Garrigues, la fórmula de los "convenios" con los colectivos o empresas subvencionadas fue sustituida por un modelo de "resoluciones de encomienda de pago". "Ni siquiera tuvimos que esperar a que la Intervención General nos lo manifestara", ha enfatizado, exponiendo que dicha sustitución motivó que su departamento dejase de "asumir compromisos a futuro".
Es más, ha asegurado que en el ejercicio de su cargo, incluso intentó "acceder a la vida laboral" de unos 600 trabajadores de la minería, a cuenta de una "denuncia de los sindicatos" respecto a que algunas personas que gozaban de prejubilaciones subvencionadas pero habrían continuado trabajando.
Así, Juan Márquez ha defendido que las ayudas que concedió desde la Dirección General de Trabajo "fueron justas, ceñidas a la legalidad" y jamás tuvo ninguna sospecha de que "se estuviese beneficiando a alguien de manera ilegítima". Y es que según ha defendido, tales subvenciones contaban con "solicitud" previa, "memoria económica y resolución de pago", toda vez que nunca recibió "reparos" de las altas instancias de la Junta ni "comunicación" alguna de que mediase ninguna "irregularidad".
