SEVILLA, 29 Jul. (EUROPA PRESS) -
La juez de Instrucción número 6 de Sevilla, María Núñez Bolaños, que investiga los expedientes de regulación de empleo (ERE) fraudulentos, ha excluido al exconsejero de Empleo y Desarrollo Tecnológico José Antonio Viera de la pieza separada abierta por las ayudas concedidas entre 2001 y 2007, por importe de 8,4 millones de euros, a las empresas vinculadas a Ángel Rodríguez de la Borbolla, exalcalde del PSOE de Cazalla de la Sierra (Sevilla) y hermano del expresidente de la Junta José Rodríguez de la Borbolla.
De esta manera la juez instructora, en un auto con fecha de 18 de julio y al que ha tenido acceso Europa Press, estima la solicitud de sobreseimiento y archivo realizada por la representación procesal de Viera el pasado mes de junio, en la que apuntaba a su equipo técnico como responsable del diseño de las ayudas concedidas.
En su escrito, al que ha tenido acceso Europa Press, la representación procesal de Viera alegaba, entre motivos, el principio 'non bis in ídem', por el que una persona no puede ser procesada dos veces por los mismos hechos, al estar ya siendo juzgado en la Audiencia Provincial de Sevilla en la pieza separada del procedimiento específico de concesión de las ayudas junto a otros 21 ex altos cargos del Gobierno andaluz como los expresidentes Manuel Chaves y José Antonio Griñán.
Viera, en su escrito, exponía que se encuentra investigada en la pieza separada por las ayudas a las empresas de Ángel Rodríguez de la Borbolla por presuntos delitos de prevaricación y malversación por "supuestamente haber favorecido la concesión de las citadas ayudas". Además del principio 'non bis in ídem', el otro argumento esgrimido por Viera en su escrito a la juez Núñez Bolaños es que "no participó en la comisión de delito alguno".
A este respecto, detalla que el convenio marco de 2001 firmado entre Empleo y el Instito de Fomento de Andalucía (IFA) tenía como objeto proporcionar "la base para el posterior otorgamiento de ayudas sociolaborales a las empresas que se encontraban en situación de precariedad en Andalucía, algo que, sin entrar en la legalidad o no del sistema, 'prima facie' parecía permitir la Orden Ministerial de 1995". "En ningún caso suponía, en sí mismo el convenio, ni una disposición de caudales públicos ni tampoco un compromiso de gasto", añade el escrito de Viera.
Para el exconsejero, el convenio marco requería de posteriores convenios individuales de desarrollo para la concesión de las ayudas, los cuales, en el caso de las ayudas a las empresas de Rodríguez de la Borbolla, "no se hallan rubricados" por el propio Viera.
"NECESIDAD DE UNA FÓRMULA ÁGIL" PARA SOLUCIONAR CONFLICTOS SOCIOLABORALES
"El solo hecho de desempeñar un cargo de naturaleza política no puede implicar ni se puede presumir 'ipso facto' el conocimiento, la conciencia ni mucho menos la participación en las irregularidades que hoy se reprochan", señala el exconsejero en su escrito, en el que subraya que él "se limitó a constatar y poner de manifiesto la existencia de una situación de conflicto a nivel sociolaboral y la necesidad de alcanzar una fórmula legal y ágil para solucionarla. Nada más".
"A quien le correspondía diseñar esta solución o fórmula legal era a su equipo técnico", asegura la representación procesal del exconsejero, que apunta que "no se puede reprochar" a Viera que "confiara plenamente en su equipo técnico, como tampoco se le puede exigir que desconfiase de todos y cada uno de los actos que dicho equipo realizaran en el otorgamiento de las ayudas".
Además, el escrito argumenta que "no era competencia de Viera", que no tiene formación jurídica, analizar la legalidad del sistema diseñado para solucionar el problema planteado, insistiendo en que el exconsejero actuó "en todo momento en virtud del principio de confianza legítima" en los funcionarios.
"Constituiría un despropósito exigir al consejero de Empleo revisar, analizar y cotejar personalmente todas y cada una de las decisiones y acuerdos que firma, y muchos menos revisar aquellos otros actos que otorgan ayudas concretas, que ni siquiera firma, como ocurre en el procedimiento", cuyas ayudas eran concedidas por el director general de Trabajo, en su época, Francisco Javier Guerrero.
Por último, resalta Viera que el convenio marco funcionó durante todos los años de su mandato como titular de Empleo "sin que ni la intervención de la Junta, ni el Defensor del Pueblo, ni la Cámara de Cuentas, ni persona o institución alguna, cuestionara la supuesta ilegalidad del sistema ni se plantease jamás la más mínima objeción".
En su auto, la juez instructora señala que "no cabe la menor duda de que nos encontramos ante un pagos realizados al amparo del procedimiento específico y, por tanto, como señala la Audiencia Provincial, enjuiciado en la denominada pieza del procedimiento específico,.
"El afán globalizador" de los escritos de acusación de Ministerio Fiscal y populares (PP-A y Manos Limpias) en la pieza política ha determinado que él mismo contenga el enjuiciamiento de "todas las presuntas conductas delictivas" de los acusados, entre ellos Viera, al que se le ha terminado acusando y se le enjuicia por su "íntegra participación" en esa trama tanto desde el punto de vista de su estricta actuación administrativa, que pudiera dar lugar al delito continuado de prevaricación, como desde la perspectiva de su intervención generadora de menoscabo para el erario público, que pudiera dar lugar al delito continuado de malversación, lo que a su vez explica las peticiones acusatorias en materia de responsabilidades civiles en la causa del procedimiento específico.
Por todo ello, estima la solicitud de sobreseimiento y archivo de Viera, pues se le trae a la pieza separada de las ayudas al exalcalde de Cazalla de la Sierra "por su condición de consejero y, en todo caso, por su conocimiento del uso de este sistema para desviar fondos de modo discrecional y arbitrario, hechos que como ya ha indicado la Audiencia Provincial son objeto de la pieza política".
