SEVILLA, 5 Mar. (EUROPA PRESS) -
La consejera andaluza de Igualdad, Políticas Sociales y Conciliación, Rocío Ruiz, ha sostenido que "el Gobierno anterior" socialista de la Junta "engordó entre 2015 y 2017 las cifras de beneficiarios en el Sistema para la Autonomía y Atención a la Dependencia (SAAD)" al incorporar a 35.167 personas que ya eran usuarias de teleasistencia básica y reconocido el Grado I, "pero nunca se les llegó a instalar el dispositivo complementario de la teleasistencia avanzada".
Así lo trasladó la consejera en respuesta a una interpelación planteada por el PSOE-A al final de la sesión plenaria de este pasado miércoles, en la que Ruiz señaló que "estas más de 35.000 personas computaron como nuevas beneficiarias sin que se tramitara el procedimiento establecido para la dependencia".
En este sentido, detalló que "lo único que se hizo fue emitir una resolución en la que se les reconocía que tenían derecho a la prestación de teleasistencia avanzada, pero ni recibieron la visita de un trabajador social para que, en atención a la particular situación de cada una de ellas, se les realizara el informe social, ni se les dio trámite de consulta, ni se realizó la propuesta de PIA y nunca se les llegó a instalar el dispositivo complementario de la teleasistencia avanzada, por lo que continuaron teniendo únicamente la teleasistencia básica, es decir, como cualquier persona no dependiente usuaria del servicio de teleasistencia".
Según los datos recabados por la Agencia de Servicios Sociales y Dependencia, difundidos este jueves por la Consejería en una nota, hubo en total cinco procedimientos de consolidación; en concreto, en los meses de octubre de 2015 (20.023 resoluciones); septiembre de 2016 (8.346 resoluciones); marzo de 2017 (3.949 resoluciones); agosto de 2017 (1.436 resoluciones); y noviembre de 2017 (1.413 resoluciones).
Por otra parte, Ruiz explicó que "se da la circunstancia de que en la legislatura anterior se realizó una contratación sobredimensionada de dispositivos de teleasistencia avanzada que nos forzó a adquirir en 2019, por obligación contractual, 26.000 de estos dispositivos, por lo que se cuenta con un alto 'stockaje' de dichos dispositivos".
PLAN DE ACTUACIÓN
Ante esta situación, Ruiz informó sobre el plan de actuación diseñado por su departamento para instalar a todas estas personas usuarias afectadas por los procesos de consolidación los dispositivos complementarios "más adecuados a sus necesidades".
La responsable de las políticas sociales andaluzas destacó que dicho plan se inició a finales del año 2019 y, a fecha 15 de febrero, se había contactado con 7.154 personas, habiéndose mostrado interesadas en la instalación de dispositivos el 85% aproximadamente, y habiéndose instalado a dicha fecha 3.727 dispositivos de humo.
"Adicionalmente, se tiene previsto llevar a cabo una campaña para la instalación de dispositivos de humo a personas usuarias del Servicio Andaluz de Teleasistencia que viven solas y que son mayores de 90 años. La estimación es de unas 20.000 personas en dicha situación", subrayó la consejera.
Por último, la titular de Igualdad, Políticas Sociales y Conciliación recordó la propuesta de Pacto de Estado aprobado por el Gobierno andaluz en defensa y garantía del Sistema de Dependencia, y ha instado a las diferentes fuerzas políticas a la adhesión a dicho documento, así como a formular propuestas de desarrollo del mismo.
El documento presentado plantea varias cuestiones como "contenidos mínimos" a abordar en el Pacto de Estado; entre ellas, mejorar el sistema de financiación; establecer recursos "reales, efectivos y evaluables" que favorezcan la Autonomía Personal; la inclusión de recursos de atención para personas con patologías potencialmente cronificables; la creación de una caja única y un Fondo de Garantía de la Dependencia; unificar y simplificar los distintos procedimientos; o una reestructuración del Consejo Territorial de Servicios Sociales y del Sistema para la Autonomía y Atención a la Dependencia, que sea el órgano colegiado garante del carácter de universalidad e igualdad de la aplicación de la ley en todo el territorio nacional.
